xoves, 30 de agosto de 2012

Por qué los salarios son tan bajos en España

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University 

Una de las características del mercado de trabajo español, acentuada durante la crisis actual, es el bajo nivel de los salarios de la gran mayoría de las personas que están trabajando. Y otra característica que complementa la anterior, es la gran dispersión salarial existente entre la población asalariada, es decir, la elevada distancia que hay entre los salarios de los mejor pagados y los peor pagados. Veamos los datos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (en su sección “asalariados y percepciones salariales por tramos”), alrededor de 7,8 millones de personas recibieron menos de 1.000 euros al mes en el año 2010. Son los llamados mileuristas. Representan el 43% de todos los asalariados y reciben el 13% de todo el dinero que el país se gasta en salarios (lo que se llama masa salarial). En el otro polo, nos encontramos con los mejor pagados, que ingresan más de 4.000 euros al mes y que representan el 7% de todos los asalariados y reciben el 25% de la masa salarial. En otras palabras, este grupo minoritario recibe un cuarto de todos los salarios. Dentro de los asalariados hay pues unas enormes diferencias. El 43% recibe sólo el 13% de todo el dinero que se gasta en salarios y el 7% percibe el 25% ¡Una gran diferencia!
¿A qué se debe tal polarización salarial?
La respuesta tradicional que da la sabiduría convencional que se reproduce en la mayoría de medios de información del país, incluidos los medios económicos, es que tales diferencias de salarios se deben a las diferencias en productividad. A mayor productividad mayor salario. En esta explicación, la productividad es la variable que determina el nivel salarial. Pero lo que se olvida en esta explicación es que la causalidad va también en sentido opuesto. Es decir, los salarios determinan también la productividad. Y no me estoy refiriendo sólo al hecho bien documentado de que a mayor salario y mayor satisfacción del trabajador hay mayor productividad, sino a otro hecho (también bien documentado) que muestra que si al empresario se le imposibilita pagar salarios bajos, éste invertirá para aumentar la productividad del puesto de trabajo, a fin de que con un número menor de trabajadores se consiga la faena que harían muchos más trabajadores mal pagados. Cuando un empresario paga bajos salarios, consigue baja productividad. Y esto es lo que ocurre en España.
Un caso claro de este hecho lo encontramos en las labores agrícolas como la vendimia. Si el dueño de una viña tiene muchos candidatos para un puesto de trabajo es probable que pague muy poco al trabajador. Si en cambio, por ley, el empresario tuviera que pagar salarios altos, invertiría para que la productividad aumentara y así necesitar menos trabajadores. Pero esto no ocurre en España. El salario mínimo interprofesional español es de los más bajos de la Unión Europea. Una manera de comparar el salario mínimo entre países es ver lo que tal salario mínimo representa de la renta nacional definida por el PIB per cápita. Pues bien, según los datos de Eurostat, el salario mínimo español representa el 39% del PIB per cápita en España, uno de los más bajos de la UE, junto con Estonia, entre otros. En Francia es el 54,% en Bélgica el 52%, en Inglaterra el 49%, en Holanda un 48%, y así un largo etcétera. Si el salario mínimo español aumentara para homologarse al de los países con un nivel de desarrollo económico similar al nuestro, se forzaría al mundo empresarial a invertir para aumentar la productividad.
La productividad no es la única que determina el nivel salarial
El nivel salarial no depende sólo del nivel de productividad, lo cual se ve con toda claridad cuando comparamos salarios entre varios países en sectores de semejante productividad, tales como la industria manufacturera. El PIB per cápita de España es un 16% más bajo que el de Alemania (este porcentaje es la diferencia entre el PIB per cápita de 2010 español y el alemán, en unidades de paridad de poder adquisitivo, en términos porcentuales respecto al alemán). En cambio, el coste por hora de la mano de obra en la manufactura es un 30% inferior en España que en Alemania. Tal diferencial no puede explicarse por el diferencial en productividad, semejante en el sector manufacturero. Una situación similar ocurre en la comparación con Francia, donde el PIB per cápita español es sólo un 7% inferior, mientras que el coste por hora de la mano de obra es un 27% menor. Tales diferencias no pueden atribuirse a diferencias en productividad (ver el trabajo de Enrique Negueruela “Un nuevo papel en Europa para los países del sur”).
Otros factores además de la productividad determinan el nivel salarial
La causa mayor del bajo nivel salarial para grandes sectores de la población es la debilidad del mundo del trabajo frente al mundo empresarial que se basa en dos hechos. Uno es el elevadísimo desempleo que España siempre ha tenido. El desempleo debilita al mundo del trabajo. Crea inseguridad y miedo. Y los trabajadores aceptan salarios bajos y condiciones de trabajo peores. De ahí que haya una política del empresariado español para facilitar el despido y aumentar el desempleo, debilitando así el mundo del trabajo. Las reformas laborales de los gobiernos recientes (y muy acentuadas en el actual) han tenido tal objetivo, como lo muestran el aumento del desempleo y la bajada de salarios producidas cada vez que se ha llevado a cabo una reforma laboral.
La otra causa de la debilidad del mundo del trabajo es la escasez de puestos de trabajo. El porcentaje de la población que trabaja ha sido históricamente bajo y ello se debe, en gran parte, no a aspectos culturales que constantemente se utilizan como justificación, sino a la escasísima oferta de puestos de trabajo. Hasta 2007 la tasa de actividad de España, que refleja el porcentaje de la población en edad de trabajar que está en el mercado de trabajo, ya sea empleada o desempleada, había estado por debajo de la UE15 (en 1992 la tasa de actividad en España era del 58% frente al 67% de la UE15 en promedio, es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo). A partir de este año la población activa en proporción al total de la población en edad de trabajar es superior en España que en la UE15 en promedio, llegando a situarse en 2011 en el 74% en España frente al 73% en la UE15. Sin embargo, la tasa de empleo (que es la tasa de actividad menos el desempleo), que refleja las personas que tienen trabajo respecto al total de las que están en edad de trabajar, que desde 2005 se mantuvo en el promedio de los países de la UE15, en España disminuyó. Así, en 2011, mientras que en España sólo el 58% de los que estaban en edad de trabajar tenían un empleo, en la UE fueron el 66%. Es decir, aunque en España ha aumentado el porcentaje de gente que quiere trabajar, el porcentaje de los que consiguen un empleo ha disminuido, aumentando el diferencial con los países de la UE15. Este es un problema grave de la economía española que raramente aparece en los medios.
El escaso desarrollo del estado del bienestar en España
Y una de las razones de esta escasez de puestos de trabajo es el escaso desarrollo de los servicios públicos del estado del bienestar. Sólo un adulto de cada diez trabaja en España en tales servicios (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios o servicios sociales, entre otros). En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se aplicara a España, nuestro país tendría cinco millones más de trabajadores (eliminando, por cierto, el desempleo). Es más, la eliminación de tal desempleo, permitiría la mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo. El trabajo crea la demanda para más puestos de trabajo. Y ahí está el mayor punto débil de la estrategia que se está siguiendo con los recortes de empleo público del gobierno actual. La destrucción de empleo empobrece al país. Se debería crear empleo para que se estableciera la necesidad de tener más empleo. Más empleo quiere decir más riqueza y más demanda, lo cual crea mayor necesidad de empleo. Ahora bien, que haya mucho empleo quiere decir que aumenta el poder del mundo del trabajo que no es lo que desea el mundo empresarial, quien ha estado ganando en su conflicto con el mundo del trabajo. Y los datos así lo muestran. España es uno de los países de la UE que tiene una mayor participación del excedente empresarial (que incluye beneficios empresariales) en la distribución de la renta. En 2007 fue el 41,9%, habiendo sido también el país de la UE15 que tuvo mayor crecimiento de tal excedente empresarial en el periodo 2007-2009, hecho que contrasta con la mayoría de países de la UE donde dicho porcentaje bajó durante este periodo. Es lo que solía llamarse lucha de clases, que la gana, en bases diarias, la gran patronal a costa del mundo del trabajo. Es en los países nórdicos de Europa, donde el mundo del trabajo ha sido fuerte, donde el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del estado del bienestar es más elevado, con mayores tasas de ocupación y con menor desempleo. Es en países como Grecia y España, donde el mundo del trabajo es débil, en los que tenemos un porcentaje menor de personas trabajando en su estado del bienestar, menos gente trabajando y mayor desempleo. La tasa de paro es un indicador político que define las relaciones de poder de clase en un país. La transición inmodélica de la dictadura a la democracia en España, perpetuó el enorme poder de las fuerzas conservadoras, lo cual explica que España haya tenido siempre en su periodo post transición un elevado desempleo y que ahora se esté acentuando con la crisis. La causa determinante del paro y de los bajos salarios es política más que económica o financiera. Así de claro.

Galiza en vésperas electorais

por abc

Xa estamos nela, en outono, Feijólito decidiuse ó adianto das eleccións galegas ó 21-O, renunciando a unha reforma da lei electoral que pode lle houbese garantido, penso eu, a maioría absoluta. A decisión do presidente da Xunta responde a tratar de evitar o devastador desgaste que produciran as medidas previstas por Rajoy (con ou sen rescate) nos próximos meses. A batería de medidas económicas pendentes de execución, sumadas a outras que se derivarán do segundo rescate, e remataran con menos servizos públicos, nova baixada de salarios, máis impostos, fai temer un terrible arranque do 2013… Unha vez más el PP, presentará seu verdadeiro programa logo de cós cidadáns exerzan o dereito a voto... Así o fixo nas xenerais, nas andaluzas, e pretende repetir o fraude en Galiza e Euskadi. Xa logo nos próximos dous anos non haberá consultas electorais en España, o que, facilitará có Goberno tome medidas máis drásticas e impopulares sen efecto das urnas. Se a elo lle sumamos os riscos do impago das preferentes, a posible desaparición de Novagalicia Banco, as primas para o sector eólico, o paro subindo, ninguén no lugar de Feijóo elixiría datas así para presentarse a unhas Eleccións.

Aínda sendo estas as causas que aconsellaron a Feijóo -e a Rajoy- ó adianto electoral, a decisión ten efectos importantes, impide có PSG-PSOE poda celebrar eleccións primarias, así Feijóo elixe ó candidato socialista ó que quere enfrontarse, ningún reproche, o Partido Socialista, se houbese querido, dispuxo de tempo suficiente para elixir a un aspirante á presidencia da Xunta distinto a Pachi Vázquez. Este adianto electoral tamén impide que outras forzas políticas (de esquerda e dereita) dispoñan do tempo suficiente para concretar a súa oferta electoral nas mellores condicións.

Pero a pesar de todas estas manobras, Feijóo non ten asegurada a vitoria. E non a ten polo, desgaste sufrido polo PP nos derradeiros meses, o presidente da Xunta non pode presentar un mínimo balance de Goberno e, por tanto, carece de credibilidade para propor ningún proxecto de futuro. Cando o PP ocupou o poder en Galiza no 2009, Feijóo afirmou que levaría a cabo políticas de austeridade pero sen reducir os orzamentos en sanidade, educación e servizos sociais. Durante esta lexislatura, non foi quen de deseñar un proxecto económico que mereza tal nome e renunciou a usar as competencias e instrumentos dos que dispuña para afrontar a crises. Uns datos, o principal problema do país, ano 2008 tiñamos 129.000 desempregados/as, no 2012 temos 275.900, o paro como denunciaba Feijóo cando era oposición, desapareceu da súa axenda cando chegou ó Goberno... Nestes tres anos a débeda medrou de 4.282 a 7.381 millóns de euros. Un incremento de 3.099 millóns de euros, que equivale ao 12.8% do PIB (5 puntos por enriba do herdado). En resumo, os tres anos de suposta austeridade e solvencia económica do actual goberno da Xunta tradúcense nun incremento en máis de 1.000 millóns de euros por ano, e case o dobre de parados. O resultado é incuestionable e desolador: nas principais variables (crecemento económico, xeración de emprego e equilibrio das contas públicas), Galiza encontrase entre as comunidades autónomas con peores resultados. Se engadimos a estratexia con respecto ós servizos públicos esenciais, consistente no recorte do gasto e tendencia á privatización no que proxectos estrela da Xunta (plan eólico declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza, o plan de acuicultura ou a creación dun sistema financeiro galego) saldáronse cun rotundo fracaso e poderán rematar, prescindindo de prexuízos políticos ou ideolóxicos, a Xunta non cumpriu coas súas responsabilidades e Galiza careceu de Goberno nos derradeiros anos.

O lóxico sería que Feijóo perdese as próximas eleccións, có PP perda a maioría absoluta depende tamén do que faga a oposición. Coa independencia de que outros partidos repañen unha mínima representación parlamentaria, os dous piares nos que se asenta a alternativa o PP seguen sendo PSG-PSOE e Bloque. A eles correspóndelles presentar un proxecto coherente e realizable, radicalmente contrario o conservador, para garantir a estabilidade dun Goberno alternativo. A inquietude creativa que axita ao nacionalismo, en afortunado contraste coa atrofia senil que transmite o bipartidismo decrépito, merece boa sorte. Deséxolla na espera de que saiban merecela con comportamentos adecuados á altura das circunstancias.

Sen dubida, as enquisas dan unha intención de voto similar, a dereita, e ós impagables medios que lle serven de portavoces, fartaranse de amosar os perigos da gaiola de grilos. Pero a estas alturas ese mensaxe ten notables fendas. A propia dereita está, tamén, dividida -UPyD, Mario Conde... Baltar-. Outra, cá maioría absoluta de Rajoy non evitou o rescate nin tan sequera o dulcificou. Os damnificados pola crises medran, e temo seguirán medrando. É evidente cás maiorías absolutas dan, sobre todo, impunidade para facer calquera cousa, en especial, obedecer como políticos de réxime, monicreques dos poderes globais (a Troika, os mercados, Merkel…). Non hai nin que dicir có descontento, seria menor e máis complicado con pluralidade, un fronte amplo que asuma a defensa dos de abaixo como eixo e desafío o establishment político galego. Un golpe contra a democracia na que estamos, de poder absoluto dos mercados, de políticos de grabata, uns señoritos que están condenando ós cidadáns a un presente insufrible de recortes e a un futuro tercermundista…

En campaña cada formación política reafirmara a súa identidade, realzara as súas supostas virtudes, destacara as súas vantaxes comparativas e todo aquilo cós distingue. En campaña electoral non existen amigos, só opositores a bater. Atrapados nesa espiral, os candidatos venden discursos e descargas de insultos, todo tipo de excesos cós cidadáns recibimos con escepticismo. Pero todo ten un límite, e a paciencia coa que soportamos ese ritual soe transformarse en rexeite cando alguén cruza a liña e insulta a nosa intelixencia. Isto é o que PSG-PSOE e BNG, que loitaran por espazos electorais, non deberían esquecer, se non queren que se esfume a súa alternativa…

Atentos, comeza a festa. En consecuencia, voto con cabeciña ás diferentes formacións políticas. É o que hai.


Calendario até o 21 de outubro
-       27 de agosto: Decreto de disolución
-       28 de agosto: Publicación do decreto da convocatoria no DOG. 
-       28 de agosto: Ábrese o prazo para solicitar o voto por correo (até o 11 de outubro)
-       29 de agosto: Ábrese o prazo para formalizar coalicións electorais (até o venres 7 de setembro)
-       12 de setembro: Ábrese o prazo para a presentación de candidaturas, ben de partidos, coalicións ou agrupacións de electores (até o 17 de setembro)
-       Entre o 22 e 26 de setembro: Sorteo dos membros das mesas electorais
-       24 de setembro: Proclamación de candidaturas
-       5 de outubro: Comezo da campaña electoral
-       11 de outubro: Data límite para solicitar o voto por correo
-       20 de outubro: Xornadas de reflexión
-       21 de outubro: Eleccións


martes, 21 de agosto de 2012

Yo sí sanidad universal

por una sanidad universal

Bajo el lema "Yo SÍ, sanidad universal" una serie de usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS) estamos organizando una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.
El modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, sólo las personas "aseguradas" podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones "básicas".
Estamos desarrollando líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales al RD y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria. ¡Queremos una sanidad pública, de tod@s, para tod@s!

video

"Este Real Decreto-Ley afecta solamente a los y las inmigrantes sin papeles. No va a afectar a las personas españolas."
El Real Decreto-Ley  deja sin cobertura sanitaria a los siguientes colectivos:
1. Inmigrantes irregulares sin permiso de residencia en vigor.
2. Ciudadanía de paises de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de SUIZA que no sean residentes en España o Ascendientes de dicha ciudadanía.
3. Ciudadanía española y extranjera con permiso de residencia, mayor de 26 años, que no hayan percibido nunca prestación por desempleo y que tengan rentas superiores a una cantidad anual aún por determinar. Entre los que se encuentran los siguientes colectivos:
  • Estudiantes universitarios/as con becas no sujetas a cotización pero sí a IRPF.
  • Personas que no han conseguido su primer empleo.
  • Personas divorciadas que no están a cargo del excónyuge.
  • Personas separadas de parejas de hecho no formalizadas.
  • Personas discapacitadas en grado inferior al 65%.
  • Personas pertenecientes a población nómada.
  • Profesionales liberales.
"Esta reforma afectará a aquellas personas que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad Pública"
Lo más grave de esta  reforma sanitaria es precisamente que pasa de un sistema universal de derechos de las personas, basado en valores como  la solidaridad social (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”) a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga, y debe justificar que es “asegurado/a”, que tiene un seguro que le cubra ante la posibilidad de estar enferma/o o necesitar cuidados de salud. El retroceso en derechos ciudadanos es abrumador, sin  que se vaya a generar un ahorro importante.
Además, ni siquiera es cierto que cada persona vaya a contribuir pagando la sanidad con sus cotizaciones, porque la sanidad pública no se paga con dichas cotizaciones a la Seguridad Social sino que se costea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que se pagan con el total de los impuestos, incluidos todos los indirectos también.
Estas frases tratan de alentar la insolidaridad social, sugiriendo que “alguien” (inmigrante, pobre, parada, extranjero, etc.) se aprovecha de las personas que cotizan.
"Privatizar garantizará la calidad en la gestión"
Como ya se demuestra en otros países tales como EEUU, una Sanidad que gestione personas aseguradas y no pacientes abre la puerta a diferentes tipos de aseguramiento y, por ello, diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas. Y a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación. Además es conocida la tendencia en dichos sistemas de aseguramiento a aumentar las diferencias sociales en salud y al aumento de la carga de sufrimiento (enfermedad y muerte) entre sectores de población y clases sociales desfavorecidas o en riesgo de exclusión social. 
"Echániz dice que el sistema sanitario está en 'situación de riesgo vital grave' por culpa de los socialistas", "Con la reforma se ahorrarán 7.000 millones de euros"
El Sistema Nacional de Salud  español es perfectamente sostenible. Es un falso debate que pretende justificar las medidas basándose en una política del miedo.Lo que se pretende es un cambio del modelo de Servicio Sanitario Público conseguido durante muchos años de lucha por la sociedad en su conjunto (ciudadanía, trabajadores/as sanitarios y no sanitarios, etc.)
En realidad:
  1. Es uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios del mundo según la mayoría de las valoraciones de instituciones expertas y organismos internacionales.
  2. El gasto sanitario público esta en un 6,2 del PIB y es uno de los más económicos de la Unión Europea. Para mantener y mejorar la salud de cada ciudadano/a del Estado Español se dedican 1250 € por persona y año. Esto es claramente sostenible.
  3. El déficit económico en el Sistema se debe fundamentalmente a la infra-financiación crónica y persistente, y a la mala gestión del Sistema por los diversos Gobiernos, y a la ausencia de control y participación ciudadana.
  4. Existe margen de mejoras en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, sin cambio de las características esenciales como el acceso universal, la atención integral a los problemas de salud y el enfoque de promoción de la salud y prevención
  5. El objetivo no es hacer un sistema sostenible sino privatizable. Esto les permite nuevas oportunidades de negocio.
Además, el actual Gobierno del Partido Popular alega que el sistema sanitario no es sostenible y que, en consecuencia, se aprueban una serie de medidas urgentes para garantizar dicha sostenibilidad, argumentando que ello se debe a la mala gestión del gobierno anterior del Partido Socialista, sin contar con su propia contribución a dicha situación.
"Las circunstancias mandan", "La atención sanitaria española es más cara que en otros estados del entorno", "No hay dinero"
El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea (inferior con más de un 28% de diferencia).
¿No hay dinero?
La Banca, según la Asociación Española de Banca, en 2011 sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras y que numerosas pensionistas.
Las personas detrás de las grandes fortunas del pais ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de personas en paro supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de los salarios está disminuyendo.
El fraude fiscal alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) –somos la 10ª potencia mundial en fraude-. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis.
Se ha aplicado una amnistía fiscal al fraude y se han mantenido las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población).
"El Real Decreto Ley 16/2012 se hará efectivo a partir del 31 de Agosto de 2012"
Su ejecución se hace de forma escalonada para las distintas medidas que se han aprobado:
  1. Con respecto al acceso al Sistema se reintroduce la clasificación de personas aseguradas y no aseguradas desde el principio pero se escalona su aplicación para preparar todo el aparato administrativo que se necesita. La expulsión del Sistema Sanitario se hará efectiva el 31 de agosto a quién no tenga la documentación en regla. En la comunidad autónoma de Madrid existe ya una circular interna destinada a que el personal estatutario deje de tramitar las tarjetas de “personas sin recursos” a inmigrantes no comunitarios/as sin tarjeta de residencia. Esto se traduce en que aquellas personas a las que esta tarjeta se les ha caducado, ya no están recibiendo efectivamente la tarjeta sanitaria  y por lo tanto su acceso a los distintos servicios de salud está siendo menoscabado. Tanto es así, que los y las responsables de la Comunidad se han visto obligados a emitir circulares a los hospitales recordándoles que deben seguir atendiendo a estos pacientes hasta el 31 de Agosto. Incluso después de ésto, en los hospitales de gestión privada se siguen poniendo impedimentos para tratamientos tales como VIH, oncológicos y diálisis. ¿Qué va a pasar con estas personas enfermas después de esa fecha?
  1. El 1 de julio del 2012 se empieza aplicar el “repago” en los medicamentos y otras prestaciones complementarias a todas las personas aseguradas y beneficiarias según su nivel de renta y/o pensión. 
  1. La fijación de las prestaciones sanitarias que la ciudadanía va a poder recibir se empezará a aplicar en los próximos meses (julio-agosto 2012) según vayan siendo aprobadas. 
  1. Limitación de la cartera de servicios. Se establecen tres categorías: prestaciones básicas -que serán gratuitas-, suplementarias y accesorias, que conllevan copago tanto para población activa como para pensionistas. Las prestaciones básicas van a ser redefinidas siguiendo el carácter restrictivo de las políticas gubernamentales. Pagar según renta conlleva un aumento del coste burocrático, que varias fuentes expertas han valorado entre 500 y 900 millones de €, cuando para discriminar las aportaciones de cada persona según la renta ya existe el IRPF.
"La Reforma busca la equidad y mejor eficiencia del sistema"
Se espera que, con todas las medidas tomadas en estos años y el RD 16/2012, se ocasione un aumento de las desigualdades sociales en salud y los problemas en la población, confirmado en múltiples informes y estudios internacionales. Se especifican a continuación:
  • Aumento de la morbi-mortalidad de la población por deterioro condiciones de vida, aumento de la pobreza, la marginación y de hábitos insalubres.
  • Aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas.
  • Aumento del sufrimiento, y agravamiento de patologías mentales, tales como ansiedad, depresión, suicidio, etc.
  • Aumento de los efectos adversos del sistema sanitario en la población (yatrogenias, errores, listas de espera aún más prolongadas) y del deterioro de la calidad de la atención sanitaria.
  • El deterioro de las condiciones laborales y aumento de la precariedad en el empleo es productor de enfermedad.
  • Y con el RD también se aumenta el riesgo de exclusión de la cobertura sanitaria.
En conclusión, y al contrario a lo que nos dicen, con el RD se genera un sistema menos eficiente en salud y mucho más injusto.
La ciudadanía estará menos segura pues las circunstancias por las que en el futuro se pueda tener o no derecho al “aseguramiento” podrán ser modificadas, al suponer todo lo expuesto un intento de  hacer desaparecer el sistema universal de protección.
"La población migrante abusa de la Sanidad. Todo el mundo viene a los hospitales españoles y eso no puede ser"
Varios estudios demuestran que el perfil de inmigrante en España es una persona joven y con buena salud, que realiza un uso mucho menor de la sanidad que la población española.
En lo referente al llamado “turismo sanitario” (que corresponde a un perfil de inmigrante procedente de países de la Comunidad Europea), aparte de ser un fenómeno minoritario, se debe sobre todo a la incapacidad de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada a la ciudadanía de la UE cuando visitan España. Es interesada la confusión con el resto de las/los migrantes, alentando sentimientos xenófobos.
"NO tendrán tarjeta pero sí asistencia 'básica', como en el resto de la UE. No es ninguna violación de derechos de asistencia y ningún problema de salud pública"
Los y las inmigrantes no regularizados/as sólo tendrán derecho a la asistencia de urgencias.
La consecuencia evidentes serán la saturación de las urgencias por motivos "no urgentes" al no existir otro cauce de atención para la población inmigrante enferma. Por otra parte, las enfermedades y su transmisión no entienden de papeles, pudiendo provocar esta irresponsable política del gobierno verdaderos problemas de salud pública.
Nuestro Sistema Sanitario estaba considerado a nivel internacional (Derechos Humanos de los Migrantes en la ONU) como un sistema que garantizaba una buena asistencia a este grupo de población y un modelo a imitar. Con este RD retrocedemos claramente. El que la totalidad de la población no tenga acceso a la medicina preventiva, y sólo a la de emergencia, supone un error en la gestión de la  Salud Pública, al dejar de hacerlo de forma global e igualitaria.
De nuevo,  mencionar el hecho de que la emergencia es más cara que la atención ordinaria y no permite atender los mismos contenidos, deja fuera la imprescindible prevención, y está orientada a la atención urgente, necesaria por supuesto, pero es sólo una parte de la atención a la salud y la enfermedad. Y se deteriorarán las prestaciones de los servicios de urgencias para ser sobrecargadas con demandas de atención en servicios que no están preparados para ello.
Es absolutamente  falso que se conserve para las personas “no aseguradas” una asistencia sanitaria básica. Y se producirán deterioros por esta medida en los servicios sanitarios destinados a toda la población.

domingo, 19 de agosto de 2012

Quino


A trola da insostibilidade do sistema sanitario español, gastamos máis do que temos (moita propaganda!)


Se non é a máis é unha das frases máis repetidas nos derradeiros tempos pola parte dalgunhas das persoas do mundo da política: “La sanidad española es insostenible”. Ben, tal frase é unha falacia, cos datos na man imos ver que non ten nada que ver coa realidade, senón todo o contrario. O noso (ou o que queda del) sistema sanitario, non é perfecto, ten cosas que mellorar, pero é unha das poucas cousas das que podemos presumir; ou mellor dito que podíamos, porque cos recortes estano escarallando. A mellor maneira de demostrar a falacia da afirmación acerca da insostibilidade do noso sistema sanitario, e cos datos na man, neste caso tomámolos do EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities, Oficina europea de estatística), imos amosar a comparativa de datos referida ós anos 2000 e 2001 (anos de inicio das series temporais), 2006 (último ano pre/crises) e 2009 (último año do que se dispoñen os datos que imos analizar unha vez chegada xa a crises).

Os datos que amosamos son os referidos ós países da UE nas seguintes magnitudes:

1. Gasto público en sanidade como porcentaxe del PIB
2. Gasto público en sanidade per cápita
3. PIB per cápita a prezos do mercado
4. Gasto público en sanidade per cápita/PIB per cápita a prezos do mercado

 1.   Gasto público en sanidade como porcentaxe do PIB


 2.   Gasto público en sanidade per cápita


     3.  PIB per cápita a prezos do mercado

    
    4. Gasto público en sanidade per cápita/PIB per cápita a prezos de mercado

Tal e como se pode ver, España ocupa un posto intermedio-baixo en tódalas magnitudes, o que enreda, entre outras cosas: 

- O volume de gasto sanitario non é desproporcionado en relación ó tamaño da nosa economía.
- No ano 2009 a sanidade custoulle a cada cidadán pouco máis de 1.500 €.
- Tendo en conta có PIB per cápita a prezos de mercado en 2009 foi de 22.800 €, eses 1.500 € de gasto en sanidade supoñen menos dun 7%.

Co cal parécenos queda desmontada unha das moitas trolas ou medias verdades que tanto se están repetindo ultimamente, e que por moito que se repitan non se an volver certas. O noso sistema sanitario é enormemente eficiente en comparación cos de outros países tendo en conta as coberturas e calidade do servizo que presta, en ambos casos sempre pode ter melloras, pero de ningunha forma se pode dicir que non sexa sostible.

O que ocorre coas contas públicas españolas é un problema que ven de moitos anos atrás, a sangría dos ingresos é bastante grave. E dende logo que non se soluciona levando a cabo amnistías fiscais premiando ós que non cumpren coas obrigacións tributarias mentres ós cidadáns que si cumpriron vémonos afectados por subidas de impostos e recortes de servizos públicos. Neste escenario é difícil entender cómo a maioría da poboación pode aceptar tales recortes, mentres que se premia ós cás incumpren, non se depuran as responsabilidades dos que nos levaron ata esta situación, e fanse comisións de investigación que son auténticos e escandalosos brindis o sol…

Máis diñeiro para sanidade non se corresponde necesariamente a mellor nivel de saúde na poboación, xa que este depende non só do diñeiro dedicado a ela e de cómo se distribúa (por exemplo, si se desvía a centros privados), senón de outros factores sobre os que hai que actuar dende un punto de vista socio-político (desigualdades internas, niveis de protección social e paro, privatizacións…).

Dende logo o que sobra son eurodeputados, sobran Ministerios sen funcións, sobran Secretarios, Subsecretarios, sobran Consellerías, sobra o Senado enteiro e boa parte do Congreso. Sobran as Deputacións, sobran Concelleiros con dedicación exclusiva e cos mesmos privilexios e soldos que si fosen Ministros. Sobran Coordinadores, Asesores e Amiguiños da alma.)

No estado español dedicamos uns 65.000 millóns €/ano a sanidade pública, pero estamos por debaixo da media da UE-15 e do termo medio da OCDE en gasto per cápita (3.067 USD no 2009, OCDE 3.223 USD. (1)

Hai diñeiro para garantir unha sanidade de calidade, se recuperamos:

- Os 90.000 millóns de fraude fiscal anual, diñeiro suficiente para financiar outro sistema sanitario (2)
- O Imposto de Patrimonio, que aportaría entre 1.800 e 2.100 millóns de euros. Restablecelo só para as 47.614 persoas que declaran un patrimonio individual superior a 1,5 Millóns de euros, equivalería a uns 1.240 millóns de euros, o gasto sanitario anual de Estremadura (1.083.000 habitantes).(3)
- A rebaixa/eliminación a partir do 2010 del Imposto de Sucesións e Doazóns, supuxo deixar de ingresar uns 3.000 millóns de euros/ano, como o gasto anual de Canarias (2.200.000 habitantes). (3).
- O IVA deixado de ingresar supón arredor de 18.000 millóns de €/año, máis có gasto sanitario anual de Madrid e Cataluña. (4)
- O gasto militar supón arredor de 18.609 millóns de euros. Por cada avión de combate Eurofigther pódense construír 3 hospitais.(5).
Amais, continuamente bombardéannos cos 16.000 millóns euros da débeda sanitaria, pero ocultan có Ministerio de Defensa ten unha débeda de 30.000 millóns.
- Traballadores e pensionistas declaran anualmente á Facenda Pública unha media de 19.359 euros, 8.300 euros máis cós pequenos empresarios e profesionais liberais que declararon uns rendementos medios de 11.036 euros (6)

Polo que necesitamos máis transparencia e cese de privatizacións e recortes na sanidade. 


- O 83% de los cidadáns cree que “Unha agresiva campaña contra o fraude fiscal permitiría achegar os recursos suficientes para manter a calidade dos servizos e prestacións sen modificar a presión fiscal actualmente existente”. (6)

(6) Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis. GESTHA. Noviembre 2011.


xoves, 16 de agosto de 2012

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía


El real decreto de abril del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Quieren seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto.

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.
En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.

Para que la privada pueda lucrarse hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” a la pública
En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).
A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora).
En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados.

En las autonomías se ha producido un goteo constante de estrategias de privatización
En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.
A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.
Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.
Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla.
Joan Benach es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.

La Constitución, el aborto, Pepe Gotera y Otilio

por Antonio Orejudo

Yo no estoy a favor del aborto (¿alguien lo está?), pero sí soy partidario de que el Estado desarrolle una ley que regule esta cirugía como si fuera una operación de apendicitis. Me parece bien que en España exista una norma como la que se aprobó en la pasada legislatura, aunque ni yo mismo sé si me acogería a ella. El PP en cambio, mucho más seguro que yo en tantas cosas, interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que todavía está pendiente de resolución.

Resulta que el magistrado del Tribunal Constitucional que va a desarrollar la ponencia sobre la que se discutirá el fallo es un señor Ollero. Algunos partidarios de la ley ya aprobada por el Parlamento, algunos partidos y algunas asociaciones de magistrados consideran que el tal señor Ollero debería abstenerse porque su imparcialidad está en cuestión. Se apoyan en tres razones: que ha hecho pública varias veces su postura contraria a la ley actual, que pertenece a la organización Opus Dei y que ha militado en el PP.

De las tres alegaciones la única que me parece digna de consideración es la última, el hecho de que el Ollero haya militado precisamente en la parte que interpuso el recurso que ahora debe resolver como juez. La ideología nunca puede ser un argumento para invalidar a priori el trabajo de nadie. Es cierto que a tenor de lo que ha escrito en la prensa el tal Ollero no parece la persona más adecuada para regular la interrupción del embarazo. Pero no es eso lo que se le pide. Se le pide una valoración jurídica, se le pide que diga si la ley actual se ajusta o no a la Constitución. No tengo elementos de juicio para saber si Ollero es o no un buen profesional, es decir si es capaz o no de analizar técnicamente leyes al margen de sus ideas sobre la fecundación.

Me pregunto si los partidarios de recusar a Ollero por sus ideas tendrían el mismo comportamiento con otro juez que hubiera expresado con idéntica claridad la posición contraria. Posiblemente no. En ese caso habría sido el PP quien habría puesto el grito en el cielo, como hizo con el juez Pérez Tremps, un magistrado seguramente tan profesional como el señor Ollero, a quien sin embargo recusó por haber participado junto a otros juristas y antes de ser magistrado del Constitucional en un estudio sobre el Estatuto de Cataluña.

El episodio en todo caso es un apasionante tema de conversación: cómo manejar la evidente influencia de la ideología en los fallos supuestamente técnicos y objetivos del poder judicial. Y apasionante sobre todo porque pone sobre la mesa asuntos menos filosóficos: la chapuza de nuestro Tribunal Constitucional o los enjuagues en la selección de sus miembros, indicios ambos (y ya son muchos) de que nuestra Constitución, elaborada a lo Pepe Gotera y Otilio en unas circunstancias de emergencia que ya no existen, necesita en este como en otros puntos una nueva redacción.


Assange contra el Poder


El individuo en su solitud está expuesto a ser victima de cualquier fuerza agresiva ya sea esa fuerza minúscula o poderosa.


Julián Assange, ciudadano australiano tuvo la osadía de mostrar al mundo la verdadera faz del Poder, de los gobiernos de países grandes y pequeños de todo el mundo, las componendas que se realizan bajo su espinosa mesa, para generalmente planear entuertos contra quienes se le oponen, sean individuos u organizaciones.

La virtud de las develaciones de Assange fue que permitieron ver como el Poder de cualquier marca es abusivo, tergiversador de la verdad, mentiroso, cómplice, injusto y despiadado. Los angelitos que se muestran como salvadores del mundo -léase USA,GB,Francia –no lo son tal, o por lo menos en la dimensión que pretenden mostrarse a través de los medios que son su altoparlante. Así pudo conocer la humanidad como se fraguaron guerras injustas, como se derrocaron gobiernos elegidos democráticamente, como se financiaron campañas políticas para acceder al poder y un largo etcétera de perjuicios nacidos de la Santa Democracia.

Julián Assange, desprotegido de defensa ante las fauces de los lobos suecos, gringos y británicos, se jugó su penúltima carta buscando asilo en la embajada de Ecuador y así logra salvar por ahora su pellejo de esos lobos y además encuentra para su defensa la mente prodigiosa del Juez Baltazar Garzón quien como en el caso Pinochet se coloca del lado del perseguido, para demostrar a través de un juicio imparcial -lejos de la pretensión de justicia americana- que su defendido solo hizo uso del derecho a informar que todo periodista o persona debe mostrar al mundo. Mostrar el delito aunque ese provenga del más poderoso entre los poderosos o mejor aun mostrar la verdad que no se hubo mostrado en su momento pero que aun seguía siendo verdad aunque ya historia acomodada por el poder.

Ecuador no hace casos de las amenazas británicas de invasión a su embajada en Londres con la intención de agarrar ilegalmente a JA. Son los dientes del gobierno Ingles que buscaban amedrentar al tercermundista y pequeño Ecuador sin conseguirlo; antes por el contrario ofreció en bandeja de plata la oportunidad de decir sí al asilo de Julián con la mayor de las confianzas.
Sin embargo hasta que JA no se encuentre en territorio neutral -Ecuador- no se podrá cantar justicia, ya que el irrespeto a las normas internacionales seria lo de menos para GB quien de seguro aun aspira en un pequeño descuido de la embajada ecuatoriana hacerse con el perseguido a fin de cumplir el encargo gringo a pie juntillas y extraditarlo a Suecia quien indudablemente se lavaría sus manos y le enviaría a USA.

El individuo, esa partícula del tiempo, sometido ante la agresividad del poder ha encontrado un resquicio no definitivamente seguro pero si transitorio en la búsqueda de una justicia que tarda en llegar y a veces llega.

Suceda lo que suceda Wikileaks ya es historia real.

@ikaros50
Macondo 16082012

Humor







mércores, 15 de agosto de 2012

Un cañón en el culo


Juan José Millás García
La primera operación que efectúa el terrorista económico sobre su víctima es la del terrorista convencional, el del tiro en la nuca.


Si lo hemos entendido bien, y no era fácil porque somos un poco bobos, la economía financiera es a la economía real lo que el señor feudal al siervo, lo que el amo al esclavo, lo que la metrópoli a la colonia, lo que el capitalista manchesteriano al obrero sobreexplotado. La economía financiera es el enemigo de clase de la economía real, con la que juega como un cerdo occidental con el cuerpo de un niño en un burdel asiático. Ese cerdo hijo de puta puede hacer, por ejemplo, que tu producción de trigo se aprecie o se deprecie dos años antes de que la hayas sembrado. En efecto, puede comprarte, y sin que tú te enteres de la operación, una cosecha inexistente y vendérsela a un tercero que se la venderá a un cuarto y este a un quinto y puede conseguir, según sus intereses, que a lo largo de ese proceso delirante el precio de ese trigo quimérico se dispare o se hunda sin que tú ganes más si sube, aunque te irás a la mierda si baja. Si baja demasiado, quizá no te compense sembrarlo, pero habrás quedado endeudado sin comerlo ni beberlo para el resto de tu vida, quizá vayas a la cárcel o a la horca por ello, depende de la zona geográfica en la que hayas caído, aunque no hay ninguna segura. De eso trata la economía financiera.
Estamos hablando, para ejemplificar, de la cosecha de un individuo, pero lo que el cerdo hijo de puta compra por lo general es un país entero y a precio de risa, un país con todos sus ciudadanos dentro, digamos que con gente real que se levanta realmente a las seis de mañana y se acuesta de verdad a las doce de la noche. Un país que desde la perspectiva del terrorista financiero no es más que un tablero de juegos reunidos en el que un conjunto de Clicks de Famóbil se mueve de un lado a otro como se mueven las fichas por el juego de la Oca.
La primera operación que efectúa el terrorista financiero sobre su víctima es la del terrorista convencional, el del tiro en la nuca. Es decir, la desprovee del carácter de persona, la cosifica. Una vez convertida en cosa, importa poco si tiene hijos o padres, si se ha levantado con unas décimas de fiebre, si se encuentra en un proceso de divorcio o si no ha dormido porque está preparando unas oposiciones. Nada de eso cuenta para la economía financiera ni para el terrorista económico que acaba de colocar su dedo en el mapa, sobre un país, este, da lo mismo, y dice “compro” o dice “vendo” con la impunidad con la que el que juega al Monopoly compra o vende propiedades inmobiliarias de mentira.
Cuando el terrorista financiero compra o vende, convierte en irreal el trabajo genuino de miles o millones de personas que antes de ir al tajo han dejado en una guardería estatal, donde todavía las haya, a sus hijos, productos de consumo también, los hijos, de ese ejército de cabrones protegidos por los gobiernos de medio mundo, pero sobreprotegidos desde luego por esa cosa que venimos llamando Europa o Unión Europea o, en términos más simples, Alemania, a cuyas arcas se desvían hoy, ahora, en el momento mismo en el que usted lee estas líneas, miles de millones de euros que estaban en las nuestras.
Y se desvían no en un movimiento racional ni justo ni legítimo, se desvían en un movimiento especulativo alentado por Merkel con la complicidad de todos los gobiernos de la llamada zona euro. Usted y yo, con nuestras décimas de fiebre, con nuestros hijos sin guardería o sin trabajo, con nuestro padre enfermo y sin ayudas para la dependencia, con nuestros sufrimientos morales o nuestros gozos sentimentales, usted y yo ya hemos sido cosificados por Draghi, por Lagarde, por Merkel, ya no poseemos las cualidades humanas que nos hacen dignos de la empatía de nuestros congéneres. Ya somos mera mercancía a la que se puede expulsar de la residencia de ancianos, del hospital, de la escuela pública, hemos devenido en algo despreciable, como ese pobre tipo al que el terrorista por antonomasia está a punto de dar un tiro en la nuca en nombre de Dios o de la patria.
A usted y a mí nos están colocando en los bajos del tren una bomba diaria llamada prima de riesgo, por ejemplo, o intereses a siete años, en el nombre de la economía financiera. Vamos a reventón diario, a masacre diaria y hay autores materiales de esa colocación y responsables intelectuales de esas acciones terroristas que quedan impunes entre otras cosas porque los terroristas se presentan a las elecciones y hasta las ganan y porque hay detrás de ellos importantes grupos mediáticos que dan legitimidad a los movimientos especulativos de los que somos víctimas.
La economía financiera, si vamos entendiéndolo, significa que el que te compró aquella cosecha inexistente era un cabrón con los papeles en regla. ¿Tenías tú libertad para no vendérsela? De ninguna manera. Se la habría comprado a tu vecino o al vecino de tu vecino. La actividad principal de la economía financiera consiste en alterar el precio de las cosas, delito prohibido cuando se da a pequeña escala, pero alentado por las autoridades cuando sus magnitudes se salen de los gráficos.
Aquí están alterando el precio de nuestras vidas cada día sin que nadie le ponga remedio, es más, enviando a las fuerzas del orden contra quienes tratan de hacerlo. Y vive Dios que las fuerzas del orden se emplean a fondo en la protección de ese hijo de puta que le vendió a usted, por medio de una estafa autorizada, un producto financiero, es decir, un objeto irreal en el que usted invirtió a lo mejor los ahorros reales de toda su vida. Le vendió humo el muy cerdo amparado por las leyes del Estado que son ya las leyes de la economía financiera, puesto que están a su servicio.
En la economía real, para que una lechuga nazca hay que sembrarla y cuidarla y darle el tiempo preciso para que se desarrolle. Luego hay que recolectarla, claro, y envasarla y distribuirla y facturarla a 30, 60 o 90 días. Una cantidad enorme de tiempo y de energías para obtener unos céntimos, que dividirás con el Estado, a través de los impuestos, para costear los servicios comunes que ahora nos están reduciendo porque la economía financiera ha dado un traspié y hay que sacarla del bache. La economía financiera no se conforma con la plusvalía del capitalismo clásico, necesita también de nuestra sangre y en ello está, por eso juega con nuestra sanidad pública y con nuestra enseñanza y con nuestra justicia al modo en que un terrorista enfermo, valga la redundancia, juega metiendo el cañón de su pistola por el culo de su secuestrado.
Llevan ya cuatro años metiéndonos por el culo ese cañón. Y con la complicidad de los nuestros.