martes, 29 de xaneiro de 2013

Despropósito tras despropósito en la sanidad madrileña

Vicente Clavero


Un mes después de que la Asamblea de Madrid autorizara al gobierno regional a privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, seguimos sin saber qué impacto tendrá en las arcas públicas esa controvertida medida. Desde que se anunció, la Consejería ha sido incapaz de ofrecer a los ciudadanos una evaluación rigurosa de sus beneficios económicos, demandada insistentemente por los usuarios, por los profesionales y por los medios de comunicación. Como consecuencia de ello, cada vez está más extendida la idea de que los supuestos ahorros son una gigantesca milonga y que la privatización sólo obedece en realidad a razones ideológicas.
El PP demostró hace mucho tiempo que lo público le repele, salvo cuando se trata de sacar provecho del manejo de los presupuestos, ya sea de los ayuntamientos, de las autonomías o de la Administración Central del Estado. En su afán por demoler lo que varias generaciones de españoles hemos construido con nuestro esfuerzo, el partido del Gobierno ha encontrado un aliado imbatible en la crisis, que le viene como anillo al dedo para justificar su entusiasta uso de la piqueta. Así, so pretexto de adaptarse a las nuevas circunstancias, el PP se ha aprestado gustoso a poner patas arriba la sanidad, la enseñanza, las pensiones o ese fallido cuarto pilar del Estado del bienestar que se consagró en 2006 con la promulgación de la ley de dependencia.
Toda la ofensiva de la derecha política y de su vociferante coro mediático contra el sector público responde a una supuesta superioridad de la iniciativa privada en orden a la gestión de los servicios, como si actualmente fueran un absoluto desastre. No reparan los dirigentes del PP en que, aunque lo fueran, sobre ellos recaería buena parte de la responsabilidad, pues no en vano llevan décadas gestionándolos; concretamente en Madrid, la friolera de 17 años. Nada más patético que un consejero de Sanidad loando sin mesura las bondades de la empresa privada para argumentar las externalizaciones, cuando debería ser el primer interesado en defender con uñas y dientes la naturaleza jurídica del ámbito de actuación que tiene encomendado.
Para entender tamaño despropósito quizás sea necesario recordar lo que el destino deparó a sus predecesores en el cargo, que mientras lo ocupaban nunca dejaron de mirar su propio futuro profesional por el rabillo del ojo. Manuel Lamela, tristemente conocido por haber puesto bajo sospecha el cuidado a los enfermos terminales en los hospitales públicos, se gana ahora la vida proveyendo de pacientes extranjeros a las clínicas privadas de Madrid. Y Juan José Güemes pertenecía al consejo de Unilabs hasta que hace unos días se conoció la compra por esta multinacional de la empresa a la que él mismo adjudicó los análisis clínicos en la Comunidad.
Pero el colmo de la incongruencia es, sin duda, que el gobierno presidido por Ignacio González se queje de las ineficiencias de la sanidad madrileña y, al mismo tiempo, pague gratificaciones a quienes teóricamente tienen la culpa de ellas. Según informaciones no desmentidas, en los presupuestos regionales de 2013 hay una partida de 4,2 millones destinada a los directivos de los centros públicos, en concepto de retribución variable por objetivos. Eso significa que, por término medio, cada uno podría embolsarse 18.000 euros extra, que es más de lo que ganan muchos de sus trabajadores al cabo del año. Como si hacerlo bien, cuando se juega con lo que es de todos, además del sueldo mereciera otra recompensa.


El duque capado


David Torres
Urdangarín ilustra muy bien la decadencia de la nobleza en España. Primero fue el duque de Feria, luego la duquesa de Alba y ahora el duque de Palma. Las tres son historias de sexo duro, el de Feria y la de Alba con jovencitos, pero el de Palma reservaba sus mejores erecciones para enviarlas por internet. Con el tiempo los historiadores van a pensarse que los ducados eran una marca de tabaco.
Como efecto secundario del bulto en la bragueta, a Urdangarín también quieren caparle el título nobiliario. Antes los políticos mallorquines se morían por asociar al yernísimo con la imagen de Palma y ahora parece que se le ha asociado demasiado. No quieren que un duque de importación acapare todo el mérito de la corrupción en las islas, como si los corruptos autóctonos hubieran trabajado tantos años para nada. Como si Matas, Antich y Munar se hubiesen dedicado al balonmano.
Por alguna especie de obstinación química, Urdangarín sigue apareciendo en las fotos pero lo cierto es que se lo ve menos cada día que pasa. Al parecer, Urdangarín entraba y salía de los despachos porque no lo veía nadie, un poco como Bárcenas, que tenía oficina y secretaria en Génova, pero que no constaba. El ex socio de Urdangarín, Diego Torres, sabía con quién se jugaba los cuartos y por eso guarda bajo llave más correos electrónicos comprometedores que Wikileaks. Lleva meses soltando información con cuentagotas y como encuentre en el disco duro alguna referencia cruzada del duque al tesorero del PP, ya puede prepararse Urdangarín, que le van a imputar lo del Gürtel y hasta el asesinato de Kennedy si en la comisión Warren sale algo de un balonazo.
Lo peor de acabar de ex duque es que ya tampoco ejerces de cuñado. El príncipe ni reparó en Urdangarín cuando fue a saludar a los jugadores de la selección de balonmano. El público presente no dedicó al duque ni un aplauso ni una pancarta ni un pésame ni una chirigota. Soprende esta educada reacción de la masa en medio de un evento deportivo. A lo mejor la gente que va al balonmano es más respetuosa que la que acude a los juzgados y ha preferido obviarlo al estilo de los informáticos de la Casa Real.
Después del exilio en el Museo de Cera, llega ahora el de la papelera de reciclaje. De seguir la condena de ostracismo, le van a quitar hasta el chándal y las medallas. A este paso Urdangarín corre el peligro de acabar como Trotsky, otro personaje incómodo al que también empezaron borrando de las fotos y los archivos oficiales hasta que Stalin terminó haciendo la revolución él solo con tres amigos: Lenin, Típex y Photosov.

Humor








domingo, 27 de xaneiro de 2013

O Sergas quere controlar a información a tódolos empregados públicos.

por: abc

Unha circular enviada ós e ás responsábeis de servizo pola xerencia de Xestión Integrada dos hospitais de Ourense, Verín e O Barco advirte que non está permitido dar datos aos medios ''sen a correspondente autorización''. Tamén veta os medios gráficos.


O Sergas prohibe có persoal sanitario responda "as demandas informativas dos medios de comunicación" sen a correspondente autorización previa. 
Faino nunha circular con data do 22 de xaneiro que vai asinada pola Xerenta de Xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, Eloína Núñez, enviada ós e ás responsábeis de servizo e está dirixido a tódolos empregados públicos deste organismo.

Así as cousas, o departamento dependente da consellaría de Sanidade informa de que "a efectos de coordinación e como corresponde a unha institución sanitaria pública" calquera dato facilitado á prensa deberá contar "coa debida autorización da dirección" -é dicir, ela mesma-, ó igual que "a difusión de información, resultados e proxectos vinculados aos centros".

Na mesma circular, xerencia advirte que non está tampouco permitida "a realización de fotografías ou gravación de imaxes" nas dependencias que fan parte da Xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, vetando así os medios gráficos.

Con dous 'cojones'! Como díos manda!
Quén dixo que morrera Franco?


Nin dentro nin fora, nin na rúa nin na casa, un coto, queren controlar todo o que se di, todo o que se fala… de que teñen medo…, que teñen que agochar: ocultación de pacientes das lista de espera, maquillaxe de datos de forma sistemática, críticas polos recortes sanitarios, o fracaso que está a supoñer a Área de Xestión Integrada, a eliminación de 70 camas en Piñor, a creación dunha Xefatura de Sección en Urxencias do CHOU de nova creación destinada ó marido da Xerente asinante, o desmantelamento da Atención Primaria, a eliminación do dereito de atención ás persoas sen recursos ou sen papeis, o copago, o repago, o retroceso na atención a persoas dependentes... Ou usar as xubilacións para amortizar prazas, o cese de persoal, a redución ó mínimo da contratación de persoal, á perda días de LDs, á supresión da paga extra… o que esta a repercutir, como non? na calidade da asistencia. Cómo se poden tolerar cousas como estas? Son os recortes orzamentarios na sanidade pública os que produciran un aumento de reclamacións dos pacientes e a precarización do persoal. Neste contexto, as reivindicacións sociais medrarán nos vindeiros meses, e por iso o Sergas, non o esquezamos dirixido polo PP, quere aplacalas a base de impoñer o silencio. Así os Sres./as. del PP, fieis as súas raíces de mando, ordeno e dispoño, avisan de có uso da liberdade de expresión pode traer problemas a quen á exerza. Sóame a cós traballadores, convertémonos en meros servintes da clase dominante, é estamos a perder tódolos dereitos, grazas entre outras a unha nefasta reforma laboral.

Artículo 20 de la Constitución Española:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Ninguén pode prohibir facer declaracións, nun país democrático ninguén pode impedir que cada un teña absoluta liberdade de expresarse como queira, e con total independencia e transparencia, podemos facelo en horario laboral, en casa, na rúa e onde nos de a gana todo o persoal do Sergas que se exprese como lle veña en gana, con absoluto respecto os demais… e sobre todo a intimidade e crenzas dos enfermos… O que nos faltaba por ver.

A cuestión, unha vez lidas as ameazas con membrete oficial, é saber quén é esta alumna de Torquemada, a qué dedica seu tempo, financiada entre outros polos mesmos súbditos ameazados do organismo que dirixe, Eloína Núñez é membro da executiva galega do PP cargo renovado o pasado fin de semana e parente de Nuñez Feijoo actual Presidente da Xunta de Galiza é Xerente de Xestión Integrada dende a unificación por decreto das Áreas de Ourense , Verin e Valdeorras… non tera funcións máis importantes relacionadas co seu cargo e coa calidade da asistencia…?

Son estas as medidas dun partido que presume de "liberalismo", enténdense estas medidas restritivas, en que non estamos equilibrados para a democracia. Por iso, como ocorrera en tempos de Franco (gran xestor), o Estado tense que establecer en guía dos seus súbditos, que non cidadáns.

Cremalleira na boca ós funcionarios que protesten. Quérennos xenuflexos e aborregados.


Así pensa o PP e así actúa. Obrigante a baixar os pantalóns e cando te están fodendo non tes dereito a queixarte. Esas son as medidas para o pobo e polo pobo que promulgaban, resucitan a Franco e a ditadura a velocidade de vertixe, en menos de nada, restáurannos o xugo e as frechas, destrúennos a Constitución (que total nin se cumpre), restauran o saúdo brazo en alto e berros de rigor. En España, empieza a amanecer! A censura volve con fame atrasada…

A liberdade de opinión e expresión queda derrogada ata que gobernen outros.

Esta Xerente de Xestión Integrada ten o posto seguro ata que mandemos a Rajoy e Feijoo a tomar polo cu. DIMISIÓN! e levade convosco a toda a panda de mamarachos que instalastes na administración. Se non queredes críticas, non fagades a política de recortes que estades facendo, e negastes iades facer.

O  Colexio  de  Xornalistas  insta  o  Sergas  a  recuar  na  instauración  da  "censura previa"


venres, 25 de xaneiro de 2013

The New York Times se anticipa a publicar la lista de los grandes defraudadores españoles


Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy de The Johns Hopkins University


El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank. Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.

Vicenç Navarro

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial: José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.

El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El fraude alcanza niveles de frivolidad.

Se Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España, uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".



AVISO DO BLOG DO PROFESOR NAVARRO Ha llegado a la atención del blog del profesor Navarro que se está distribuyendo ampliamente en Facebook y Twitter un artículo que publicó en la revista Sistema (”La banca, el fraude fiscal y el New York Times”, 21.10.11) que ha sido modificado sin la autorización del profesor Navarro, incluyendo información errónea y maliciosa sobre personas y figuras del mundo político, financiero y empresarial que no aparecen en el artículo original. Se ruega a los lectores de este blog, conscientes de esta situación, que se movilicen para denunciarlo. Adjuntamos el artículo original sin tales manipulaciones. Este artigo do profesor Navarro publicado na revista fai un ano e amplamente distribuído recentemente tras ser manipulado o seu texto. Isto ven sendo bastante habitual e extenso. Constantemente publícanse datos, sen a suficiente verificación, ou se reproducen artigos sen citar procedencia, sen autorización dos autores, e citase a persoas sen transcribir correctamente o que tal persoa dixo... Eh!! quere pedir desculpas por non contrastar á información.

domingo, 20 de xaneiro de 2013

Onde están os nosos sobres?

por: abc


Jajajaja... Perdón! Escarállome por non chorar é triste recoñecer no bulleiro no que se atopa a política deste país, "este ano promete"…

Tanto tempo de impunidade, cinismo e perversión tiña que estourar coma un grao de pus.

En só 20 días do 2013 destaparonse xa a corrupción de Durán i Lleida; os Corleone cataláns da familia Pujol de disimuladas mochilas con billetes de 500 € que ninguén coñece, seguramente dalgún co mesmo nome e mesmo apelido, pode que igual ADN, pero diferente persoa, argumento que defenden para desvincularse do pozo negro de merda que lles estourou nos fociños.

O presidente con ático de súper luxo onde cesan os comisarios que investigan ("por pérdida de confianza"… ) os impostos non pagados…

Ou as contratacións fraudulentas realizadas por Baltar, consentidas o longo de moitos anos… 

Pokemon, Palau, Pallerols, Campéon, Mercasevilla, Brugal, Orquesta, Nóos, Palma Arena, Gürtel... Nomes xa de todos ben coñecidos.

Onde tamén ven de estourar outra bomba de merda, é na rúa Genova na casa do Partido Popular, onde se botan a pelota uns a outros, e agóchanse as travesuras tentando pague o cristal roto o neno malo o que a todo o mundo animaba e divertía cos seus repugnantes chanchullos... outro gran caso de corrupción do estado. Incrible! Vinte anos cobrando diñeiro de construtoras e outras empresas, que repartía en sobres de 5.000, 10.000, 15.000 €, e agora a ninguén lle consta! Ninguén sabe nada! O silencio dos corruptos…



Agora sabemos por qué Mariano Rajoy protexeu ó tesoureiro na rúa Génova, o Partido Popular utiliza fondos públicos para costear o coche e escolta que usa, deixoulle despacho e secretaria na sede do PP e fixo có partido pagara o custo da súa defensa logo da súa implicación no 'caso Gürtel' (dicían e seguen a dicir que todo é unha persecución ó PP). Luis Bárcenas (LB) ameazou con tirar da manta descubrir cómo funcionaba a 'caixa negra' do PP, da que saían os sobres de entre 5.000 e 15.000 € para os petos de altos cargos do partido. O que invalida, dende tódolos puntos de vista ó partido gobernante… Non?

Moi orgullosos deben sentirse Cascos, Arenas, Acebes… exsecretarios xerais do PP ou Cospedal responsables ou consentidores dun presunto reparto de diñeiro negro. E que dicir de Cristóbal Montoro, que deseña unha amnistía fiscal e o primeiro que se coa pola fenda é o tesoureiro do PP…

As trituradoras de documentos confidenciais teñen que botar fumo na sede do PP dende a publicación da información no "El Mundo" do venres, a Fiscalía Anticorrupción podería ter ordenado inmediatamente un rexistro para ver si na documentación que alí mantén Bárcenas consta o reparto deses sobres, pero non o fixeron están dando tempo suficiente para poder eliminar tódalas probas.

Tirara da manta ou todo será unha fantasía, unha manobra calculada, un complot mediático da FAES, (fundación de Aznar), para desprestixiar e fundir a Rajoy e colocar, como candidata a Presidenta do Goberno a Esperancita Aguirre que ven dando loas e leccións de honestidade ós demais... Repíteseme como un mantra nestes días aparecéseme como exemplo de integridade, eu no digo nada... fariase realidade o ultraconservador Tea Party español? Outra volta de torca cara a dereita, algúns españois adórana, parte do PP tamén, e Aznar máis, volven as "mamandurrias"... 
Agora din no PP que están "indignados", pois veña, a tomar as prazas e rúas de pijos-flautas! Por certo, alguén sabe do paradoiro da oposición política que atende por PSOE...

0075 0446 0600062947. Este é o número da conta corrente có Partido Popular tiña ata o 5 de febreiro do 2010 na sucursal do Banco Popular na madrileña rúa Velázquez, 34, e como apoderados, con firma e autorización para ingresar e retirar diñeiro, a secretaria xeral, María Dolores Cospedal, o ex tesoureiro e ex senador do partido, Luis Bárcenas, do que estamos a falar e agora sabemos ocultou ata 22 millóns de euros en Suíza.

Costumes mafiosas que escandalizan a calquera, pero que explican cómo aflorou a burbulla inmobiliaria e as leis do chan que se cambiaban a favor de empresas agradecidas. Traxes como os de Camps, Jaguars como o do marido de Ana Mato, ministra de Sanidade, chalés e demais propiedades para pechar bocas e branquear pasta. Con esta tradición, cómo non ían facer unha amnistía fiscal?
E logo, sae algún cinicamente, a dicirnos o ben có fixeron cando gobernaron... Qué pouca vergonza! E dinnos "hay que apretarse el cinturón", hai que pechar as urxencias nocturnas porque temos que aforrar, hai que reducir ás pensións porque "gastamos por encima de nuestras posibilidades..." Nóss, digo, nós…?! pero quén cobraba soldos e sobresoldos e non os declaraba a Facenda? Quén ten máis de tres casas luxosas con coches que custan millóns?
Esta clase política mafiosa, corrupta e nauseabunda debe largarse xa e deixar de poñer en ridículo ó país e a nós dunha fodida vez.

Di Rajoy que "non lle tremerá a man", a mesma man que non lle tremeu para reprimir ós que piden transparencia, ós que esixen xustiza, ós desafiuzados, ós inmigrantes, ós pensionistas, ós dependentes, ós que claman contra da privatización e desmantelamento da Sanidade e a Educación Públicas... Un Presidente, que bateu tódolos récords de incumprimentos e en menos tempo. O que mentiu antes, durante e despois da campaña electoral 
"non lle tremerá a man", esta levándonos alén da ruína, esta levándonos máis aló da desesperación, e aínda se permite, ante unha situación desta magnitude, dicir que "non lle tremerá a man", como xa é habitual en vostede, agardando có tempo podreza e dilúa os problemas… Recorde ten a obrigación de darnos unha contundente explicación, se non quere, ou non pode, porque está que reborda, váiase, DIMITA XA! Este país, vai rematar estourando, e vostede e a mafia có acompaña serán o responsable e indutores. Antes de Gallardón "encubrir tamén era delito" agora non o sei… Con esta postura, poderemos mirar mañá ós ollos das xeracións que nos sigan… 

Como se verán os problemas cotiáns dende un ático de 500 m², con piscina particular, en Marbella? Con qué sensibilidade se poden afrontar os problemas que teñen cada mes millóns de españois para facer fronte a hipoteca ou aluguer, cando se teñen 22 millóns de euros (3.666 millóns das antigas pesetas) en contas no estranxeiro? Cando se alcanza semellante distancia da cidadanía, gobernar é un acto de imprudencia temeraria.

É o cheiro a ditadura, o repregue dun réxime de corrupción, de espolio de dereitos, de acumulación de riqueza para uns poucos e de miseria para a maioría. Temos que botalos.

Non podemos estar en silencio mentres nos rouban, nos quitan dereitos e nos humillan. Súa corrupción, a democracia dos cleptómanos, un réxime de miseria e esquecemento que tería que estar nos últimos días se somos capaces de saír en tromba, tomalas rúas e poñer en xaque a este goberno e a este sistema. Hoxe é unha obrigación.

luns, 14 de xaneiro de 2013

Todos podríamos ser asesinos en serie



Multitud de asesinos en serie han aparecido a lo largo de la historia y los más recientes casos de Adam Lanza en USA y de Breivik en Noruega con saldo de más de 100 muertes, llama a preguntarse ¿por qué existen estos individuos y como han llegado a ser los asesinos que han sido?
Surge toda una línea de respuestas que explican esos comportamientos y ellas por si solas, aisladas, es probable que no resuelvan la incógnita planteada, pero mezclándolas, articulándolas, sí podrían explicar las formas en que una persona cualquiera podría volverse un asesino en serie, agudo o crónico.
Siempre la personalidad será el sustento básico de cualquier persona, y ella formada a los inicios de la vida impone a muchos seres la fatalidad de llegar a ser un asesino. Aquel niño con un padre excesivamente descuidado y permisivo que mira sin asombro como su pequeñuelo arranca las cabezas a los pollitos, golpea salvajemente al perrito y necesita de darle todos sus gustos a fin que se esté tranquilo o no violento, sin una represión fuerte en contra o sin un llamado cariñoso a reflexionar sobre sus acciones, tal cuadro se magnificará en el mañana en un seguro delincuente, furioso asesino sin remordimientos de culpa y sin ningún afecto que lo ate a este mundo.
Enseñar al niño el placer por la agresión, fomentárselo a través de la caza y muerte de pequeños animalitos indefensos o aquella manida frase de un padre "Jodalo mijo, no se deje, sea varón", tarde o temprano. si no se corta el hilo estimulador, llevara al adulto a ser un cazador de personas indefensas o atemorizadas por la violencia de sus actos y serán esos seres los típicos busca recompensas lógrese con vida o muerte o los mercenarios soldados que se disputan los sitios en donde mayor posibilidad de matar se halle, ya sea en una guerra, una escaramuza o un rescate a sangre y fuego.
A esos asesinos violentos también se les contrapone el asesino pausado, tranquilo, frío  quien justifica sus muertes con el afecto a fin que esos seres escogidos por él y angustiados, no sufran más las consecuencias de una enfermedad terminal o de un defecto físico sórdido que les dificulte vivir en felicidad; este tipo de asesino se considerara un salvador, un aliviador de la desgracia ajena y como tal un ángel lleno de bondad y méritos. Se ve este tipo de conductas en el ámbito de la Sanidad entre médicos y enfermeras o auxiliares de la salud, muchas de estas muertes piadosas –asesinatos- pasaran desapercibidos al amparo de una longeva y sufriente vida asaltada bajo las sombras de la noche.
Se puede matar en propia defensa ante una inminencia de ataque en contra pero también se puede utilizar la doctrina preventiva de Bush y asegurar la muerte de la víctima con un tiro de gracia que evitaría cualquier posible acción en mi contra solo porque mi pensamiento fugaz y nervioso así lo decide.
Otras muchas formas de volvernos asesinos en serie existen tanto en la conciencia plena o en la alterada por efectos emocionales como celos, intenso dolor, etc, y aún bajo los efectos de sustancias psicoactivas se decretan muertes injustas para lograr los dictados que la fantasía alucinógena del adicto o psicópata le ordena a su mente en dicho momento.
Así las cosas, todos en algún momento o circunstancia podríamos volvernos asesinos o asesinos en serie si los mecanismos de compensación de la personalidad no son los suficientemente fuertes para detener el impulso homicida, entre esos mecanismos la compasión impediría matar y la sublimación que consistiría en matar simbólicamente al adversario sin herirlo serían los mecanismos que nos ayuden a evitar ser un asesino real y solo llegar hasta el recreo del pensamiento sin necesidad de avanzar hasta la gaveta de la mesa de noche a cargar la Colt 94.
AINM
@ikaros50
Macondo 13012013

mércores, 9 de xaneiro de 2013

Quino

¿Quién privatiza a los políticos?


Hay que buscar las razones de la degeneración intelectual de parte de la clase política. Es un deber de la sociedad descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. ¿Cómo recuperaremos lo que hemos perdido?
Emilio Lledó 

La defensa de lo público hace vivir la democracia. Hay, por supuesto, opiniones en contra que parecen apoyarse en ese latiguillo de la libertad individual para fomentar la riqueza; de la libertad de emprender, de crear, que se oculta bajo la oscurecida palabra de liberalismo. No se puede negar la importancia de los llamados bienes de consumo que, al parecer, la economía y los economistas administran. Pero el verdadero sustento de la sociedad, de la vida colectiva tan importante como la vida de la naturaleza, es la educación, la cultura, la ética. Ellas son las verdaderas generadoras de riqueza ideal, moral y material.

La democracia, que nació como lucha hacia la igualdad por medio de la reflexión sobre las palabras y por el establecimiento de unos ideales de justicia y verdad, no puede rendirse a las privatizaciones mentales de paradójicos libertadores. Sin embargo, apenas se insiste en el hecho de que la crisis que padecemos es una crisis que tantos competentes expertos, siguiendo el principio de la libertad y la competitividad, no han sabido evitar, ni tampoco las diversas burbujas -sobre todo las propias burbujas mentales- que inflaban y aireaban. Burbujas que, parece ser, les han permitido construir sin que nadie les pida responsabilidades por sus liberadas y productivas ganancias.
¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?


No es, sin embargo, una discusión sobre problemas económicos, cuyos entresijos y burbujeos desconocemos, a lo que voy a referirme, aunque haya siempre un principio de honradez y verdad en el que, seguro, todos nos entenderíamos. Aludiré únicamente a una de esas frases vacías que hincha las palabras de ciertas oligarquías. Desde hace años, de nuevo en estos días, como manifestación del menosprecio por la enseñanza pública y por sus profesores, se habla de la libertad de los padres para elegir el centro en el que educar a sus hijos. Esa defensa libertaria no tiene que ver con el deseo de que se practique en la educación una verdadera libertad: la libertad de entender, de pensar, de interpretar, de desfanatizar, de sentir. Libertad que, por encima de todas las sectas, debería fomentar la combatida Educación para la Ciudadanía y la identidad democrática. Una libertad que enseñase algo más que la obsesión por el dinero y por el solapado cultivo de la avaricia. A lo mejor, esa educación les obligaba a dimitir a algunos personajes de la vida pública, por vergüenza del engaño que arrastran y contaminan. Mejor dicho: haría imposible que se dieran semejantes individuos.

Ese sermoneo se funda sobre todo en el fomento de la privatización de la enseñanza que alimenta el dinero y la desigualdad. ¿Pueden gozar de esa libertad todos los padres? ¿También los de los barrios más modestos de las grandes ciudades? ¿Pueden ser libres para mandar a sus hijos a esos colegios privados? Centros que proliferan por nuestro país y que apenas pueden compararse, a pesar de sus supuestas y publicitadas excelencias, con cualquier colegio o instituto público de Francia o Alemania. Por lo visto los padres franceses o alemanes ni siquiera se han planteado esa posible libertad que, lógicamente, no necesitan. En ese mismo derrotero andan algunas universidades, que anuncian sus excelencias pregonando que "los alumnos encontrarán las profesiones que les permitirán colocarse rápidamente en la empresa". ¡Magnífico ideario para fomentar la vida universitaria, la pasión por el saber, el crear, el innovar! En el fondo, toda esa propaganda libertaria es fruto de planteamientos políticos, de dominio ideológico, de sustanciosos prejuicios clasistas, que con doble o triple moral predican libertad, cuando lo que realmente les importa, aunque quieran engañarse y engañarnos, es el dinero. Solo por medio de una ideología de la decencia, de la justicia, de la lucha por la igualdad, tan problemática siempre, puede alzarse el sistema educativo de nuestro país, de todos los países. No puedo por menos de citar un texto de Giner de los Ríos, entre muchos de los que podrían citarse del olvidado precursor: "El dogmatismo, el dominio sectario sobre los espíritus, el afán de proselitismo doctrinal, tantas otras formas de opresión y de coacción muestran cómo esa tutela se corrompe, y en vez de disponer gradualmente al hombre para su emancipación procura disponerlo para perpetuar su servidumbre".
En este punto tendríamos que preguntarnos: ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Qué palabras huecas, convertidas en grumos pegajosos aplastan los cerebros de los que van a administrar lo público, o sea lo de todos, si la corrupción mental ha comenzado por deteriorar esas neuronas que fluyen siempre hacia la ganancia privada? No se entiende bien cómo a esos destructores de la idea de lo público les votan aquellos que perderían lo poco que tienen en manos de tales personajes. A no ser que la mente de esos súbditos haya sido manipulada y, en la miserable sordidez de la propia ignorancia, esperen alguna migaja, algún botón del traje que viste el supuesto partido político que les arrastra.

Habrá, como digo, que ir estudiando las razones que mueven el comportamiento de esos padres de la patria que tienen el deber de organizar, no para su provecho y el de sus amigoides o amigantes, eso que se suele llamar, más o menos acertadamente, el bien común. Un pueblo "maravillosamente dotado para la sabiduría", como decía Machado, y al que hay que dar ejemplo para que no pierda el sentido de la justicia, de la honradez. Es importante conocer en los defensores de la libre empresa, en los apóstoles de la privatización, qué empresa, ideología, fanatismo, les ha privatizado a ellos. Porque se trata de evitar que la patología individual de esos sujetos se convierta en patología, donde se hunde la vida colectiva.
Es un deber de la sociedad investigar y descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. Parece que la raíz de todas ellas, con independencia de determinadas claves genéticas, brota también de la educación, de los ideales que, al abrirnos al mundo del saber y la cultura, hayan acertado a enseñarnos aquellos en cuyas manos está alumbrar la inteligencia y la sensibilidad. Las opiniones que se clavan en las neuronas y que determinan la forma de actuar sobre las palabras y sobre aquello a que esas palabras nos empujan, proviene de esos reflejos condicionados que, desde la infancia, han aprisionado nuestra manera de ver e interpretar el mundo.
Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo,emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?
Emilio Lledó es filósofo.

O novo mundo: evanxelicemos funcionarios a canonazos

JORGE SUÁREZ

Explicábame un amigo o significado do termo decotar. Un, que é urbanita de nacemento, descoñecíao. Dicíame que e unha palabra que se usa cando se podan completamente as árbores, e teñen que retoñar todo de novo. Quizá sexa a definición perfecta para o que somos a día de hoxe os empregados públicos. Non somos nin parecidos ao que eramos antes. Pode que iso explique o desconcerto e a parálise de moitos de nós. Como boxeadores noqueados, a piques de caer á lona, cambaleámonos no ring sen saber de onde veñen os golpes, cegados polo suor e o sangue, incapaces de escoitar ao noso adestrador ou os berros do público, e non vemos máis que borróns luminosos en forma de adiantos da paga extra.


Non somos nin parecidos ao que eramos antes. Pode que iso explique o desconcerto e a parálise de moitos de nós. Como boxeadores noqueados, a piques de caer á lona, cambaleámonos no ring sen saber de onde veñen os golpes

Sensación parecida deberon ter os indios americanos, cando desembarcaban as goletas españolas e respondían ás bolas de canón con frechas febles. Saqueados, violadas as súas mulleres e obrigados a renegar das súas crenzas, baixo ameaza de tortura ou morte, abdicaban á fe católica e pregábanse ante o crucifixo redentor. Co neoliberalismo, esa violencia física e atroz, múdase en violencia financeira, vémonos estrangulados polas hipotecas, a ansiedade de chegar a fin de mes, a constante suba dos prezos correlativa coa diminución dos nosos ingresos. Os mass media ameazan coa hecatombe total se non nos pregamos ao crucifixo neocon, non hai outro remedio, vivistes por enriba das vosas posibilidades, ou isto ou o despedimento de moitos de vós, etc.


Co neoliberalismo, esa violencia física e atroz, múdase en violencia financeira, vémonos estrangulados polas hipotecas, a ansiedade de chegar a fin de mes, a constante suba dos prezos correlativa coa diminución dos nosos ingresos

Algúns aínda cremos na rebelión cívica, loitamos contra a resignación e tratamos de adaptarnos ao novo mundo cunha resistencia constante, non estamos dispostos a acomodarnos ao novoestablishment imposto sen contar con nós, a que se inxecten cantidades inxentes de diñeiro público nos mesmos bancos que participan das organizacións empresariais que piden máis axustes na función pública. Certo é que as nosas armas son como as febles frechas dos indíxenas americanos, tan só contamos coa nosa voz e as rúas, pero non queremos ser a vergoña das xeracións vindeiras, non estamos dispostos a que o futuro nos tache de ser a xeración atenazada polo medo.


A gran maioría dos empregados públicos pasamos a nosa vida laboral vendo conquistas sociais e económicas, case sempre insuficientes, pero, dende a transición, paso a paso, íanse gañando pequenas batallas

A gran maioría dos empregados públicos pasamos a nosa vida laboral vendo conquistas sociais e económicas, case sempre insuficientes, pero, dende a transición, paso a paso, íanse gañando pequenas batallas que facían as nosas condicións laborais non todo o dignas que deberían ser, pero si tiñamos unha sensación de vitorias conseguidas en forma de aumento de días, melloras en control da saúde laboral, prestacións das mutualidades, melloras económicas nos complementos, nas pagas extras, mellor distribución do traballo, horario digno, etc.

Agora todo iso non existe, non hai esperanza, derrota tras derrota imos cedendo posicións, retrocedemos décadas en apenas semanas, e non hai expectativas de cambio, nin tan sequera de ser oídos. Que e o neoliberalismo? Precisamente iso, a derrota da clase traballadora, a depreciación dos soldos para incrementar o beneficio das grandes empresas e os bancos, que mestúranse e confúndense co poder político, retroaliméntanse o un ao outro, fagocitan ao Estado, deixándoo nun exoesqueleto sen competencias para gasto social, todo envolto en papel de celofán a través dos medios de comunicación, cunha simbiose de única vía posible e política do medo á desintegración do estado.

Estas ameazas mediáticas calan fondo nos funcionarios, así se viu na folga xeral do 14-N, onde por vergoñento que pareza, máis traballadores do sector privado, cun presente e futuro incertos, secundaron a folga que empregados públicos, cunha suposta fixeza no posto da que aqueles carecen.



O 14-N, por vergoñento que pareza, máis traballadores do sector privado, cun presente e futuro incertos, secundaron a folga

Neste novo mundo cómpre espertar, por orgullo e dignidade, en volver á vista atrás, nada menos que a finais do século XVIII, cando xa a Constitución francesa inspirada por Robespierre de 1793 falaba do dereito á asistencia social aos máis necesitados, á educación gratuíta e ao traballo. Hai que parar a senda do cangrexo, a senda que nos leva ao feudalismo, ao absolutismo e á evanxelización da sociedade na doutrina neoliberal a golpe de canón.

luns, 7 de xaneiro de 2013

Un modelo rescatado y desigual

La primera experiencia de gestión privada, en Alzira, fracasó y tuvo que ser reformulada. El hospital de Dénia teme entrar en pérdidas

 - EL PAÍS 6 ENE 2013

Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira (Valencia). / JESÚS CISCAR

Entre 1997 y 1998 un ejecutivo de la empresa de seguros sanitarios Adeslas se lanzó a la búsqueda de socios para un nuevo negocio que consistía en construir y gestionar un hospital público a cambio de cobrar una cuota a la Administración por cada habitante asignado al centro. El experimento se llevaría a cabo en Alzira (Valencia). “Analizamos los números y no nos salían de ninguna forma”, recuerda 15 años después uno de los empresarios a los que se les invitó a incorporarse al proyecto y que decidió quedar al margen.
El mismo modelo del hospital de Alzira, la concesión administrativa, es el que el Gobierno de Madrid tiene previsto extender a seis hospitales como parte de un contundente plan privatizador de la gestión sanitaria que aplicará este año. ¿Ha demostrado ser esta una fórmula eficaz?
Como suponía el empresario al que se le ofreció participar en el hospital de Alzira, al principio los números no salieron. Ni el primer año (con unas pérdidas de un millón de euros), ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto (números rojos por valor de 2,67 millones en 2002). Pese a que Adeslas, a través de sus portavoces, había dejado bien claro que en caso de perder dinero “lo pondrían los accionistas de la empresa [concesionaria del servicio] y no el Estado”, pasó todo lo contrario. La Generalitat, comprometida como el que más con el proyecto, rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso. Lo hizo en 2003, con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria. Esta vez incluyó en el lote la atención primaria (los centros de salud). Además, subió la cuota por habitante en un 68% (pasó de 225 a 379 euros; ahora está en 639). Desde entonces la unión de empresas que gestiona el centro (Adeslas, con un 51%; Ribera Salud, con un 45%, y Lubasa y Dragados, con un 2% cada uno) no ha vuelto a entrar en pérdidas.
Desde que en 2003 se pusiera el contador a cero, la compañía ha obtenido unos beneficios de 28 millones de euros hasta el ejercicio de 2011 (en el que fueron de 1,6 millones), según las cuentas que ha trasladado a los sindicatos. Y ello no solo gracias a los cambios introducidos respecto al contrato original, también por las características particulares de gestión.

Un 20% del salario en la gestión privada es variable; el sueldo fijo es un 10% inferior la de la red pública
Una de ellas es la política de recursos humanos. Según el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), las condiciones laborales y salariales de los trabajadores con contratos laborales (la amplia mayoría, a excepción del 20% de los heredados de la red pública) son peores que las de los empleados de la Consejería de Sanidad. Trabajan 180 horas más al año y el salario fijo es un 10% inferior, de acuerdo con el sindicato. “Los ritmos son abusivos por la existencia de plantillas sobreexplotadas e infradimensionadas”, sostiene Pedro Durán, médico de urgencias y responsable del Simap en Alzira.
Un portavoz del hospital señala que gracias al importante porcentaje variable que perciben los empleados (en torno al 20%), el salario final “se equipara al de la pública, y es superior en el caso de muchos médicos”. Además, sostiene que las encuestas muestran una elevada satisfacción de los trabajadores y que solo el 3% de los empleados dejó la empresa en 2012, “lo que refleja que están a gusto”.
Otro de los rasgos que definen el modelo es que siempre ha enfocado su actividad a atraer pacientes de otras comarcas. La explicación es sencilla. La empresa adjudicataria cobra una suma fija (639 euros) por cada uno de los 250.000 ciudadanos que residen en el departamento de salud de La Ribera. Todos los pacientes de fuera atendidos suponen ingresos añadidos, ya que se facturan a la Generalitat.
Por ello, desde el primer día, el hospital se ha esforzado por atraerlos. Alzira no es un hospital comarcal más. Tiene casi todos los servicios de un hospital general, lo que funciona como un polo de atracción de enfermos de poblaciones cercanas que carecen de servicios especializados. También ha fichado a especialistas relevantes (anestesistas, ginecólogos, neurocirujanos, cirujanos torácicos o plásticos) con capacidad de atraer pacientes y, por ello, dinero. Un ejemplo de esta política es el elevado número de partos registrados. La cobertura de anestesia epidural y la privacidad que ofrecen sus habitaciones individuales han sido un reclamo para parturientas de más allá de La Ribera. Gracias a todo ello, un 15% de los ingresos de la concesionaria en 2011 (28,8 de 193 millones de ingresos totales) procedieron de tratamientos a residentes de otros departamentos de salud.
La Generalitat ha repetido la fórmula Alzira en Torrevieja, Dénia, Elche y Manises. Pero no en todos los casos los resultados son los mismos. En Dénia, la concesionaria recurrió el año pasado a la nueva legislación laboral y modificó las condiciones de los trabajadores (50 horas más anuales, vacaciones repartidas a lo largo de todo el año para evitar contratos de sustitución) con el objetivo de limitar las pérdidas del ejercicio, que el año 2012 rondarán el millón de euros, según fuentes sindicales. La empresa, consultada por este diario, no quiso valorar esta circunstancia. En Manises, en julio y agosto, la concesionaria retrasó el abono a sus trabajadores de parte del salario por los impagos de la Generalitat.
Aquel alto ejecutivo de Adeslas que hace 15 años buscaba compañeros de viaje para el hospital de Alzira y que sostenía que si la experiencia iba mal los accionistas asumirían las consecuencias es Antonio Burgueño. El que fuera ideólogo del hospital de La Ribera ya no trabaja en el sector privado. Ahora, como director general de Hospitales del Gobierno de Madrid es el principal responsable del programa de privatización de la sanidad pública en esta región.

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Los gigantes de la sanidad privada

Dos grandes grupos, Capio y Ribera Salud, se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario.


Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, inauguró el hospital de Torrejón en 2011. / GORKA LEJARCEGI
El grupo Capio Sanidad facturó en 2011 algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones, lo que le convierte en el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España. Un gestor cuyo margen de beneficio operativo suele andar entre el 15% y el 20%. Ribera Salud, por su parte, facturó el mismo año 385 millones. Todos los ingresos proceden de contratos con las comunidades de Madrid y Valencia, donde, de momento, concentra su negocio.
 Por su experiencia, estas dos empresas son las mejor situadas para competir por las nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de servicios sanitarios públicos. Castilla-La Mancha y Madrid tienen la intención de sacar a concurso en breve cuatro y seis hospitales, respectivamente. Asimismo, la ola privatizadora está llamando a la puerta de otras regiones.
Pero hay más compañías que observan como una oportunidad los pasos que se están dando hacia la privatización. Como Sanitas, que participa en dos hospitales de gestión privada, uno en Manises (Valencia) y otro en Torrejón de Ardoz (Madrid). También de Hospitales de Madrid (HM), que ha manifestado su interés ante la salida al mercado de estas nuevas concesiones. O de USP-Quirón, otro gigante de la sanidad privada tras su reciente fusión y que en 2012 facturó en conjunto unos 650 millones (son datos provisionales). Una operación que refleja los movimientos de un sector que toma posiciones para situarse de cara al nuevo escenario de la sanidad público-privada.

Capio, que gestiona ya dos hospitales públicos, es propiedad de CVC, un potente fondo extranjero de capital riesgo
El germen de Capio, la referencia en el negocio de colaboración con la sanidad pública, es diminuto. Se encuentra a mediados de los noventa en Castilla-La Mancha. En una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas. Ninguno de ellos continúa hoy en el accionariado del grupo; pero aquella clínica nació ya con vocación de cubrir “una ineficiencia del sistema público”, según una de las personas que participó en esos orígenes y prefiere guardar el anonimato. “Se pensó que había un hueco: las listas de espera”. Nada demasiado diferente de lo que ocurre hoy. A ese equipo médico se le unió pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista. Un experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo y que acababa de ser destituido, por orden de Alberto Núñez Feijóo, de su puesto en el Ministerio de Sanidad, donde fue subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González. Enseguida comenzaron a operar a un millar de pacientes de listas de espera en el centro de Albacete. En 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores. Decidieron sacar la cabeza al mercado. Buscar comprador. Y empezaron a hablar entre los socios de la creación de “un gran grupo sanitario”.
Para ayudar en este proceso, contactaron con Víctor Madera, un médico asturiano treintañero que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que estaba especializado en medicina deportiva. Formado en Estados Unidos, fue alumno de la primera promoción del master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), una institución pública cuyo origen se remonta a principios del siglo XX. Entre sus mentores se encuentran Fernando Lamata, exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha y profesor en elmaster de la ENS en 1989, a quien considera “casi como un padre”. Fue él quien le habló de un puesto en la Cruz Roja.


Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud. / CARLOS ROSILLO
Hoy, con 51 años, Víctor Madera es el presidente del grupo Capio Sanidad; el único directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía. Desde su llegada, han transcurrido 14 años y cinco propietarios. Su figura convenció al fondo de capital riesgo CVC, pilotado por el financiero Javier de Jaime. Fue la inversión inicial de una de las primeras firmas de private equity extranjera instalada en España. Aunque no fueron los únicos que soñaron con construir un gran grupo privado de sanidad con posibilidad de crecer en un sector atomizado — “sin consolidar”, en la jerga financiera—, plagado de pequeñas clínicas familiares. En palabras de Gabriel Masfurroll, fundador de la cadena de hospitales privados USP: “Capio nace copiando nuestro modelo, solo que nueve meses después”. A la nueva empresa la llamaron Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC.
La sede española de CVC, uno de los fondos más potentes del mundo, propietaria de los derechos de Capio, se encuentra en una primera planta luminosa que vierte sobre la llamada Milla de Oro de Madrid. La mayoría de compañías de capital riesgo se apelotonan, como esta, en torno a los mejores números de la calle de Serrano. Y la mayoría han estudiado el sector, con especial interés desde 2010. Como se puede leer en un informe interno elaborado ese año por una competidora de CVC, entre los puntos fuertes del sector sanitario privado se encuentran “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores ya establecidos”. Los recortes. El Plan de Estabilidad remitido a la UE en abril pasado establece una reducción del gasto sanitario público de 7.200 millones de euros entre 2012 y 2013. “Las empresas privadas saben que va a seguir creciendo el gasto total en sanidad. Y ven que el músculo financiero del Estado no es suficiente. Si se hunde el sector público, hay una oportunidad de negocio”, según un profesor de Universidad de Economía de la Salud y asesor en materia sanitaria. El banquete ya ha comenzado a convocar a comensales en Castilla-La Mancha, donde se adjudicarán presumiblemente en 2013 la gestión de cuatro hospitales públicos a empresas privadas, y en Madrid, donde se privatizará la gestión de otros seis hospitales y 27 centros de salud.

Si se hunde el sector público, hay oportunidad de negocio”,
admite un profesor universitario y asesor sanitario
De entre las paredes inmensas, blancas y sobriamente decoradas de la sede de CVC surge su director gerente, Javier de Jaime, ya sin chaqueta y corbata a media tarde. Habla en susurros. Con tono de confidencia. A los ocho años, este fondo británico vendió IDC por 330 millones a Capio, empresa cotizada de origen sueco. Una operación “aceptable, no más”, en palabras de De Jaime. En ese tiempo, la compañía española había dado dos golpes en la mesa que habían logrado colocarla en el mapa sanitario: la adjudicación en 2001 del Hospital General de Cataluña, que arrastraba una deuda millonaria; y la entrada el año siguiente en la Fundación Jiménez Díaz, prácticamente en quiebra. Se la quedaron a cambio de asumir la deuda. Hoy es su mayor fuente de ingresos, con un acuerdo con la Comunidad de Madrid para atender a una población superior a las 400.000 personas; un hospital al que derivan un tercio de los pacientes que no pueden atender en el resto de concesiones del Servicio Madrileño de Salud, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. Cuando se produjo la venta a Capio, la empresa ya empezaba a postularse para la concesión de este último hospital, primer ejemplo de prestación público-privada en Madrid. Desde entonces, ha ganado tres de los cuatro concursos abiertos para gestionar hospitales públicos en esta comunidad. Al cuarto no se presentó.


Víctor Madera, presidente de Capio Sanidad. / CRISTÓBAL MANUEL
En 2006, dos nuevos fondos de capital riesgo, Apax y Nordic Capital, compraron Capio en la Bolsa de Estocolmo. “Entraron en un momento muy bonito, cuando las estructuras financieras permitían pagar un precio muy alto”, según De Jaime. “Pero al final se demostró que no había tantas sinergias entre países como se pensaba. La filial española decidió romper el nexo, aunque no del todo, con los de arriba”. En 2010, cuando se empezó a saber en el sector financiero que la filial española de Capio quería escindirse de su matriz sueca, llamaron a la puerta “por lo menos cuatro fondos” de capital riesgo, según un consejero de la compañía. CVC volvió a entrar en Capio, en una operación valorada en 900 millones, quedándose con el 60% de la compañía (el otro 40% pertenece a Víctor Madera y el resto del equipo directivo, según CVC).
La venta se produjo a principios de 2011. Más o menos al mismo tiempo que otro fondo de private equityextranjero, Doughty Hanson, comenzaba a estudiar seriamente la compra de USP, una compañía sin timonel desde que otro fondo de inversión, Cinven, huyera y la dejara en manos de sus acreedores, Royal Bank of Scotland y Barclays. Doughty Hanson la compró en febrero de 2012 por 355 millones. Pocos meses después, el grupo USP se fusionaba con Quirón, propiedad de la familia del desaparecido Publio Cordón (empresario secuestrado por los GRAPO en 1995 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado), formando así la mayor empresa de salud privada de España.
En otro despacho de la calle de Serrano, este con vistas a la plaza de Colón, habla Francisco Gutiérrez Churtichaga, director de Doughty Hanson. “Nuestro negocio es el de la gente que paga una póliza”, dice. El sector privado puro. Pero “evidentemente”, añade, mirarán las nuevas concesiones para gestionar hospitales públicos “con muchas ganas”. Un portavoz de Quirón, el otro socio, insiste en esta idea: “Estamos inicialmente dispuestos a evaluar cualquier propuesta que se haga en este sentido”.
Poco a poco, han ido colocándose nuevos competidores: ahí está el grupo Vithas, de recentísima creación. O Sanitas, sacando pecho después de la compra a Ribera Salud de su participación en el Hospital de Manises (Valencia) y en el de Torrejón (Madrid). Propiedad del grupo British United Provident Association (BUPA), una multinacional británica de sanidad, Sanitas facturó en España el año pasado 1.515 millones, en su mayoría (1.114) vinculados al negocio de seguros sanitarios, según recoge su informe de cuentas. Sanidad privada estricta.

Sanitas compró a Ribera Salud su participación
en los centros públicos de Manises (Valencia) y Torrejón (Madrid)
En 2011, la facturación ligada a la gestión privada de centros públicos (a través del 60% que poseía del hospital de Manises) supuso un 5% de las cifras globales. Tras la apuesta de la compañía de consolidar posiciones en el segmento de la gestión privada de servicios, las cuentas de este año reflejarán mayor peso de la facturación ligada al sector público-privado. Unos números que podrían crecer los próximos años.
El caso del grupo Ribera Salud es otro: siempre ha estado ligado a la sanidad pública. Nació en 1997, casi de casualidad. La Generalitat lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira. Han pasado 16 años y la compañía (ahora participada al 50% por Bankia y Banco Sabadell), se ha consolidado como el primer operador de hospitales públicos por concesión.
Como hiciera con otras iniciativas (el parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm o los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante) el Gobierno de Eduardo Zaplana, que accedió al Palau de la Generalitat en 1995, echó mano de las cajas de ahorros para impulsar sus planes. Y una de las medidas en las que el Ejecutivo puso un empeño especial fue la puesta en marcha en 1999 del primer hospital público gestionado de forma privada con una concesión administrativa, el que se conocería como modelo Alzira. De forma parecida a las autopistas, donde se permite a una empresa el cobro del peaje a cambio de construir la infraestructura, el Consell recurrió a la fórmula de otorgar a una unión de empresas la construcción y explotación de un hospital a cambio de una cantidad (ahora 639 euros por la atención sanitaria integral) por cada uno de los 250.000 habitantes de la comarca de La Ribera y potenciales usuarios. Era la primera vez que algo así se hacía en España.

El hospital de Aliza cobra 639 euros a la Generalitat valenciana por cada uno de sus posibles pacientes
La gestión recayó en Ribera Salud UTE, una compañía creada para la ocasión. La única candidata que se presentó al concurso. El accionista mayoritario (51%) y responsable de aportar el conocimiento sanitario fue Adeslas. Las constructoras Lubasa (2%) y Dragados (2%) se ocuparon de las obras. Pero hacía falta músculo financiero. De ello se encargaron Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa Carlet, con un 15% de las acciones cada una. Caixa Carlet quebró en 2001 y las otras dos entidades acabaron por repartirse el 45% del paquete de las cajas. Este fue el origen de Ribera Salud Grupo (no confundir con Ribera Salud UTE, concesionaria de Alzira, de la que forma parte).
Con este modelo, las desaparecidas Bancaja (ahora Bankia) y CAM (adquirida por el Sabadell), unidas al 50% bajo la marca Ribera Salud Grupo, han participado, con distintos compañeros de viaje, en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat. En Torrevieja (inaugurado en 2006), Ribera Salud está presente en la empresa que gestiona la asistencia sanitaria con un 65% de las acciones, junto a Asisa (35%). En Dénia (2009) participa, con un 35%, con DKV (65%). En Elche, abierto en 2010, Ribera Salud cuenta con un peso del 60% y está presente también con Asisa (40%). La compañía también participaba en Manises (2009), el quinto departamento de salud gestionado de forma privada en la Comunidad Valenciana. Pero hace un mes vendió sus acciones (el 40%) a Sanitas, que actualmente posee el control accionarial total.
Esta expansión vino acompañada por un cambio estratégico. Ribera Salud dejó de ser una simple comparsa financiera. Ya no sería solo una herramienta al servicio de la Administración. Se transformó en un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública. El cambio de rumbo tuvo lugar en 2007 y está ligado a la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira. De Rosa es una persona con experiencia en la gestión sanitaria, buen conocedor del sector y con estrechos lazos con el PP. Su hermano, Fernando de Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps antes de acceder a la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa, designado por el PP.

El PP concibió Ribera Salud para dar respaldo financiero al proyecto de gestión privada de los centros públicos
Es en la etapa en la que Alberto de Rosa se pone al frente de Ribera Salud cuando la compañía amplía sus horizontes. Lo hace a la sombra de dos autonomías gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y la madrileña, con el respaldo de las cajas y el visto bueno de la Generalitat. Las entidades financieras consideraron que era una buena idea explorar el mercado relacionado con la gestión de parcelas de la sanidad pública. Era una forma de diversificar riesgos y buscar vías de escape ante la excesiva dependencia que las entidades de ahorro valencianas concentraban en el ladrillo.
La compañía ya no tenía problema en entrar en la gestión de departamentos de salud como socio mayoritario, relegando a las aseguradoras sanitarias a un segundo plano. Además, dejó de limitarse al negocio de los hospitales. Entró en la gestión del diagnóstico por resonancia magnética en la red sanitaria pública valenciana. También creció en Madrid. Primero asumiendo los análisis clínicos de seis hospitales públicos y sus áreas de influencia. Más adelante, con la gestión del hospital de Torrejón, de donde acaba de salir al vender a Sanitas su parte.
Eran los tiempos en los que Ribera Salud miraba abiertamente hacia Brasil o Portugal para ampliar su negocio, sin dejar de lado España. Pero llegó la crisis. Y el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a las cajas que apostaron de forma más irresponsable por el sector de la construcción, entre las que estaban Bancaja y la CAM.
Bancaja se unió a Caja Madrid y otras cinco entidades para crear Bankia. La CAM fue intervenida por el Banco de España. Las dificultades financieras por las que atravesaban ambas aconsejaron desinvertir en Ribera Salud, que salió a la venta en 2011. Y la empresa que más interés mostró por hacerse con Ribera Salud fue su principal competidora: Capio. Su compra hubiera dado como resultado un escenario inédito. De la situación cercana al oligopolio, en la que Capio y Ribera Salud prácticamente se reparten el mercado actual de gestión privada de hospitales y departamentos de salud públicos, se hubiera pasado a otra casi monopolística. Ello hubiera podido derivar en uno de los peligros que entraña este modelo de gestión, que recientemente recordó la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Un exceso de concentración otorga un fuerte poder de negociación. Hasta el punto de llegar al fenómeno de captura del regulador, que sucede cuando la influencia de las empresas es tal que es capaz de someter a la Administración y anular su papel supervisor.

El presidente de Capio se define como progresista y defensor de lo público, pero “generando beneficios para el accionista”
Si la fusión se hubiera formalizado, los nueve hospitales públicos (cinco valencianos y cuatro madrileños) de gestión privada integral habrían pasado a estar total o parcialmente controlados por Capio. O lo que es lo mismo, por su propietario, el fondo de capital británico CVC. En la Comunidad Valenciana, dado que las concesiones no se limitan a la gestión de un hospital, sino a la asistencia sanitaria integral de los habitantes adscritos al centro hospitalario, el resultado hubiera sido que el 20% de los valencianos (un millón), cuya atención sanitaria pública está totalmente privatizada, hubiera dependido de una empresa participada por el fondo británico de capital riesgo.
Capio y Ribera Salud mantuvieron un largo tira y afloja sobre el precio de venta. Finalmente, no hubo acuerdo, aunque sí un vuelco en el panorama accionarial de la compañía valenciana. La CAM fue adjudicada al Banco Sabadell, que decidió que no quería desprenderse de este activo. Poco después de tomar el control de la antigua caja alicantina, mostró interés por su 50% de Ribera Salud e incluso no descarta la compra de la mitad en manos de Bankia. “El principal valor de Ribera Salud es que es el único grupo que se dedica al modelo público-privado en sanidad de forma exclusiva, y esto da garantías, ya que no se producen interferencias entre intereses privados y públicos que pueden romper la equidad del modelo, como puede ocurrir con otras compañías”, explica Alberto de Rosa, gerente de la empresa. “Hemos nacido y crecido a la vez que un modelo sanitario que ha marcado un precedente en la gestión sanitaria”, añade en referencia al modelo Alzira. Además de estar atentos a los movimientos que se están produciendo en España, De Rosa apunta que el reto de Ribera Salud consiste en ver su modelo “en proyectos internacionales, por lo que vamos a planificar ordenadamente nuestra presencia fuera de España”.
Pese a los pasos dados por Ribera Salud, la mayoría de expertos consultados ven a Capio como el grupo más potente. Por tamaño, por experiencia, porque cuenta con personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras; y Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre de confianza de José Manuel Lara, presidente de Planeta. La empresa nació con vocación de hacer beneficio vía conciertos, aminorando las listas de espera. Y en palabras de Javier de Jaime: “Lo que Madera quería, su visión del negocio, es más o menos lo que hoy es Capio”.

"Estos fondos son lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después”, señala un catedrático de Economía
Es difícil desentrañar esta visión. Según uno de los asesores de la compañía, Madera es “un defensor a muerte del sistema público. De ideología progresista. Siempre dice que no le interesa el sector privado. Defiende lo público; pero generando beneficios razonables al accionista”. El exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el socialista Fernando Lamata, hoy retirado de la política y reincorporado en su plaza de funcionario, le añade matices: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.
Madera no suele aparecer en los medios. Es un tipo de rostro ancho y pómulos elevados, que rememora los grandes hitos de la compañía que dirige en función del nacimiento de sus hijos. Hace tres semanas, con lamarea blanca en su apogeo por las calles de Madrid, se colocó al teléfono desde el extranjero. Y dijo: “No puedo renegar de mis orígenes. Soy un defensor de la sanidad pública. En todo menos en la provisión. Porque es más eficiente la privada. El modelo capitativo [como el de la concesión que la compañía tiene para gestionar tres hospitales en Madrid] es un modelo inteligente. Los resultados de calidad son iguales o mejores que en la gestión pública directa”.
Un exdirectivo de Capio explica un poco más en qué consiste este tipo de acuerdos, patentado en Alzira y trasladado a Madrid por la expresidenta Esperanza Aguirre: “La ventaja para la Administración es que paga una cantidad fija [una suma por cabeza, la cápita, al gestor privado]. Que la empresa gane dinero depende de cómo manejes a los enfermos”. También del precio por habitante pagado. Y añade: “El sector privado tiene una ventaja enorme, el sistema público no tiene herramientas de prima, incentivo y castigo al empleado. Eso es fundamental en una empresa donde la gente se gana la vida. La productividad es más alta, de un 20% o 30%. El absentismo es más bajo, sin comparación. Puedes contratar a los mejores médicos, pagarles 300.000 o 400.000 euros. Y echar a un empleado si no trabaja. Existe un recorrido profesional. Instrumentos que no tiene el sector público”. Un poco después abunda en las similitudes de un hospital con el negocio de la hostelería. “Si de verdad quieres recortar, empiezas por los servicios hosteleros, no por los servicios médicos. Siguiendo el modelo de Ikea o Ryanair y otras empresas del low cost. Igual la comida la tienes que pagar. Y la tele. Esto del análisis del valor cada vez va a ir a más”.

Igual la comida y la tele las tienes que pagar. El análisis del valor cada vez va a más”, sostiene un exdirectivo de Capio
“¿La rentabilidad para estas empresas de dónde puede venir? De que se vaya a este modelo de bajo coste”, avanza un catedrático de Economía y experto en sanidad pública cuyos consejos suelen escucharse en las altas instancias económicas de España. “Es algo que las compañías sanitarias ya hablan abiertamente. Lo que en el Reino Unido se llamatopping up. Un poco como ocurre con el cine: el verdadero negocio no está en la entrada, sino en las palomitas. Al gobernante eso le permite reducir el gasto. Entrega la gestión por una tarifa plana. Le va fenomenal. Y el que quiera, que se rasque el bolsillo. Cuanto más bajo es el low cost, más se puede añadir”. Por ejemplo, un tratamiento que queda fuera de los mínimos cubiertos por la sanidad pública; ese dinero no iría a la Administración, como ocurriría con el copago o una tasa. Se le escapa al Estado al igual que los beneficios de estas empresas tampoco revierten sobre los contribuyentes de forma directa. En todo caso, como argumentan desde CVC, favorece al ciudadano “por el ahorro en la gestión que le supone”.
Capio reinvierte la mayor parte de su beneficio bruto en el crecimiento de la compañía; más de 225 millones de euros en 2011, según datos de CVC. Así, el margen de beneficio neto de la empresa no alcanzó ese año el 2%. Igualmente, es discutible si esa reinversión beneficia realmente al contribuyente o al inversor del fondo de capital riesgo. El objetivo de un private equity es la plusvalía en la venta final; no paga dividendos anuales a sus inversores anónimos. Compra y vende en un horizonte de unos cinco años de media. El catedrático ve riesgos en ello: “Estos fondos son la antítesis de lo que tiene que ser la gestión sanitaria. Es lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después. No sabes quién está detrás. Se apropian del excedente. Luego revenden y pueden dejarte la concesión patas arriba. Es lo que ha pasado en Valencia”.
No es el único con esta tesis. Lamata contaba este verano en una conferencia: “El sector sanitario puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Esto ocurre en cualquier sector de la economía, pero en el sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear, pero que es fácil destruir”. Aquel pupilo suyo del curso de 1989, Víctor Madera, prefiere decir que él está “en esto para desarrollar un proyecto de vida”. El financiero Javier de Jaime añade: “¿Será buen negocio? Lo veremos. Desde luego, no es obvio”.