Yo no fui

JUAN JOSÉ MILLÁS

Si a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y católico practicante, le hubieran preguntado en su día por la corona de espinas de Cristo, habría dicho que se trataba de un elemento de disuasión pasivo

Si a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y católico practicante, le hubieran preguntado en su día por la corona de espinas de Cristo, habría dicho que se trataba de un elemento de disuasión pasivo, para que las ideas de Jesús no atravesaran el cráneo, y que apenas producía rasguños superficiales. En eso estamos, en que las ideas no pasen al otro lado. En que las ideas no asalten el Parlamento. Y si para ello es preciso un muro de cinco o seis metros, se levanta el muro y se le coloca una corona de espinas. Que los negros se dejen la piel en su huida del hambre o de la persecución política y que nosotros paguemos 600.000 euros de multa por decir que el rey va desnudo.

Pero el rey va desnudo y las espinas matan. Fíjense lo desnudo que va, que el 85% del grupo parlamentario popular de Valencia ha firmado un papel solicitando el indulto de un corrupto. Que la ministra Mato ha recontratado a Lamela. Que Cospedal ha de mentir ya a jornada completa acerca de la doble contabilidad de Génova. Si el rey no fuera en pelotas, tampoco sufriríamos esta acumulación de exministros y expresidentes del Gobierno presentando, en sesión continua, libros de ese nuevo género narrativo denominado “yo no fui”. Lo vemos, vemos que el rey va desnudo porque Carlos Fabra, el del aeropuerto de Castellón, ha salido encantado de un juicio en el que le han caído cuatro años (solo cuatro años, se ha dicho frotándose las manos, qué barato). El rey va desnudo cuando destituyen a los responsables de Hacienda que tratan a las grandes fortunas igual que a la clase media. El rey va desnudo cuando todos y cada uno de los policías que han intentado investigar la procedencia del apartamento marbellí de Ignacio González han sido relevados. El rey va desnudo, en fin, cuando la justicia no trata a su hija como a cualquier hija de vecino.

Cien banqueros españoles ganan más de un millón de euros al año

España es el segundo país con el sueldo medio más alto entre banqueros, cuya remuneración media se sitúa en 2,16 millones de euros

Un total de 100 banqueros españoles gana más de un millón de euros al año, una cifra que coloca a España como el quinto país de la UE con mayor número de directivos de banca millonarios, por detrás de Reino Unido (donde hay 2.714), Alemania (212), Francia (177) e Italia (109), según un estudio publicado este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) con cifras de 2012.

La remuneración media de los 100 banqueros españoles que más cobran se situó en 2,16 millones de euros por persona, la segunda más alta de la UE, sólo superada por Chipre (2,2 millones de media para tres directivos millonarios). Está ampliamente por encima de la de los altos directivos alemanes (1,55 millones anuales), franceses (1,56 millones), italianos (1,65 millones) y británicos (1,95 millones).

Dentro del grupo de directivos millonarios españoles, 37 trabajan en la banca de inversión (con una remuneración media de 1,79 millones), 16 en la banca minorista (2,18 millones) y 47 en otras áreas de negocio (2,46 millones).

Los bonus y otros tipos de remuneración variable representan el 58% del salario total de los banqueros millonarios españoles, de acuerdo con el informe. El 53% de esta remuneración variable se paga además de forma diferida.

En conjunto, los 100 banqueros millonarios españoles recibieron en 2012 un total de 91,33 millones de euros en salario fijo y 125,51 millones en bonus, de los cuales 66 millones se pagaron de forma diferida.

El 1 de enero de 2014 entra en vigor la norma que impone un tope a los bonus de los directivos bancarios. De acuerdo con esta regla, los bonus de los banqueros no podrán superar la cuantía de la remuneración fija. Sólo si los accionistas del banco lo autorizan, los bonus podrían llegar a un máximo del doble del salario. El objetivo de estos topes es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos a corto plazo, que según Bruselas están en el origen de la crisis financiera.

SOS-Sanidade Pública chama á poboación a mobilizarse o día 10

A Plataforma SOS Sanidade Públicachama a toda a poboación galega a apoiar a folga dos traballadores e traballadoras da sanidade contra os recortes, os copagos e a privatización da sanidade pública galega.

A Xunta de Galicia está desmantelando e privatizando os servizos sanitarios públicos, repartindo as parcelas máis atractivas económicamente entre grupos empresariais afíns, aseguradoras, multinacionais, fondos de investimento, bancos e construtoras.

Esta política está poñendo barreiras ao acceso da poboación aos servizos asistenciais obrigando a pagar os medicamentos aos/ás pensionistas, aos/ás pacientes tratados/as nos hospitais por enfermidades graves como o cancro, o mesmo que as próteses, ambulancias ou alimentos especiais. Agora ten previsto que os/as enfermos/as paguen unha parte da asistencia que reciban e que actualmente é gratuita no momento do uso.

Coa coartada de reducir gasto público para pagar bancos e especuladores internacionais a Xunta de Galicia está pechando hospitais, centros de saúde, laboratorios, servizos de ambulancias, reducindo persoal sanitario e precarizando as súas condicións de traballo nos centros sanitarios.

Chegou o momento de articular unha grande alianza entre poboación e traballadores/as da sanidade en defensa dunha sanidade pública de calidade e por recuperar o dereito a unha sanidade pública universal accesible e de calidade.

Se os/as afectados/as, que somos a maioría social e profesional, non reaccionamos de xeito urxente, deica pouco o desmantelamento e privatización da sanidade pública será irreversible, xa que a Xunta transformaría os centros sanitarios en empresas privadas, recortando o persoal, e obrigándonos a pagar pola asistencia sanitaria.

O día 10 de decembro debemos saír manifestarnos en toda Galicia, xunto cos traballadores e traballadoras da sanidade en folga, pola defensa da sanidade pública

Non ás privatizacións

Non aos copagos

Non aos recortes

Por unhas condicións laborais dignas do persoal da sanidade

Polo acceso universal á sanidade

Pola gratuidade das prestacións

Por unha sanidade pública de calidade



Mobilizacións convocadas para o día 10 de decembro:

O Barco Hospital Comarcal. 20h.

Ourense Pavillón dos Remedios. 20h.

Burela Hospital da Costa. 20:30h.

Vigo Hospital Xeral. 20h.

Ferrol Praza de España, Fontenla Maristany. 18h.

Lugo Edificio Multiusos Xunta de Galiza. 20h.

Pontevedra Porta Principal Hospital Provincial 20h.

Santiago Praza Roxa 20h.

A Coruña Casa do Mar (Avda do Exército) 20h.

Barbanza Centro de Saúde 20h.

Monforte Praza de España 20h.

O Salnés Porta principal Hospital do Salnés 14h.

Cee Porta Principal Hospital Virxe da Xunqueira. 12h.

http://sos-sanidadepublica.org/

Humor

Las fosas del PP

Aníbal Malvar

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acaba de ser denunciado por los niños de la guerra. Los niños de nuestra guerra ya son viejos, pero siguen empeñados en exhumar a sus padres de las cunetas en que los enterraron los salvadores de la patria. Sucedió entre 1936 y el incierto año en que se colapsaron de cadáveres todas nuestras cunetas. Quizá Hernando haya cometido una falta de respeto cuando, hace una semana, dijo de estos niños de la guerra que “se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlo”. Bueno. A Hernando habrá que recordarle que también aquellos salvadores de la patria obtuvieron subvenciones para enterrar en las cunetas a los defensores del régimen democrático de la II República. Concretamente, subvenciones de Adolf Hitler y de Benito Mussolini, entre otros. Esto de las raras subvenciones es muy pandémico. Le está pasando hasta a la UGT en Andalucía, según se lee hoy en los periódicos.

Ayer mismo por la mañana, Hernando se resistía a rectificar y acusaba a laAsociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de malinterpretar torticeramente sus palabras. “No tengo que rectificar absolutamente nada porque sencillamente esas palabras han sido tergiversadas y manipuladas”, se ha reafirmado el ilustre y adjunto portavoz del PP. El problema es que uno mira una y otra vez el corte del programa El cascabel al gato, de la inefable, muy episcopal y ultrasiniestra 13TV, y Hernando dice lo que dice también una y otra vez, sin posibilidad alguna de tergiversación. “Se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlo”, dice la primera vez que lo escuchas. “Se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlo”, dice otra vez si rebobinas el youtube. Y por muchas veces que te pongas el youtube, sigue diciendo esto sobre los hombres y mujeres que solo piden que desentierren a sus padres de las cunetas franquistas: “Se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlo”.

No quiero resultar quisquilloso, querido Hernando, pero esa frase suya dice lo que dice y es imposible tergiversarla o manipularla. O eso le parece a mi corto entender de simple votante feo, agnóstico y sentimental. No se me ofenda su señoría.

Pero no es solo eso. Si se pone uno levemente exégeta, podría interpretar las palabras de Rafael Hernando de la siguiente manera, y quizá de ninguna otra: “Los nietos de la guerra se están forrando a subvenciones con la excusa de buscar esqueletos de mierda”. Eso sí sería una leve tergiversación de las palabras de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso. Aunque tergiversación muy leve. Porque Rafael Hernando, y todos lo sabemos, quiso decir exactamente eso que acabo de traducir al castizo.

Cada vez que gobierna el PP con mayoría absoluta me da la impresión de que se creen que han vuelto a ganar la guerra, y no unas elecciones cuatrienales. Es que son de recalcitrantes que no veas. Y sueltan estas frases incontrovertibles, puras, exactas, diamantinas y perfectas. Esas frases que compilan todo el pensamiento de una persona. Todo el pensamiento de una facción no desdeñable de ese partido, el PP, y toda una herencia. Una facción del PP, y lo digo con sincera congoja, parece estar pasando con naturalidad de “la derecha sin complejos” que popularizó Aznaral “fascismo sin complejos” que se le escapa al PP de Rajoy por las rendijas. Rendijas como la boca de Rafael Hernando. “Se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlo”. Qué pedazo de frase, ¿no?

Nuevas formas de represión: de la modificación del Código Penal a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana

Desde los orígenes del estado de derecho, las clases dirigentes han utilizado las leyes como herramientas de legitimación de la represión. Asimismo, en función de la estrategia político-criminal propia de cada gobierno y contexto político, hemos podido ver dos niveles de intensidad de la represión: la de alta intensidad, que se  materializa en detenciones y acusaciones penales, y la de baja intensidad o “burorrepresión”, que consiste en sanciones administrativas indiscriminadas y con poca fundamentación jurídica o democrática. Existe un nivel de represión superior (el derivado de la mal llamada legislación antiterrorista) que excede el contenido de este artículo y no entra en la reflexión que sigue a estas líneas.

En el estado español, hasta ahora, el mismo sistema legal que venía legitimando cualquiera de estos dos modelos de represión venía también -paradójicamente- actuando a su vez como contrapeso y protegiendo, en cierta medida, el disenso y la protesta, permitiendo el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, asociación y manifestación. A título de ejemplo, durante los últimos años y tomando como base una legislación no precisamente garantista, la mayoría de detenciones y acusaciones penales contra activistas se archiva o se transforma en meros juicios de faltas y la mayoría de estos juicios de faltas se resuelven con sentencias absolutorias. También los tribunales están revocando las sanciones administrativas impuestas por la participación en manifestaciones y concentraciones, que se cuentan por miles, porque vulneran derechos fundamentales de los manifestantes sancionados.

En resumen, en la coyuntura actual ninguno de los dos niveles de intensidad de la represión está sirviendo al Gobierno, que en una constante sangría pierde los procedimientos penales instados contra manifestantes y es continuamente condenado por vulnerar sus derechos fundamentales.

En este escenario, el Ejecutivo ha iniciado una profunda reforma de las leyes que establecen y legitiman los mecanismos represores. Y lo hace en sus dos pilares fundamentales: la reforma del  Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La reforma del Código Penal, que está en fase de tramitación parlamentaria, ahonda en lo que se conoce como el Derecho Penal del Enemigo. Esta concepción del Derecho Penal busca castigar, más que lo que haces, lo que puedes llegar a hacer en base a quien eres, o mejor dicho, a quien el Estado considera que eres. Para ello se incrementan las conductas perseguidas, se endurecen las penas y se relajan o eliminan las garantías que deben acompañar a todo proceso sancionador. Algunos ejemplos de las modificaciones más importantes son que se introduce la pena de "prisión permanente revisable" y el internamiento cautelar de personas por su supuesta peligrosidad, basada únicamente en que padecen alguna enfermedad mental. Pero sobre todo surgen muchas modificaciones que apuntan a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años: la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la solidaridad con las personas migrantes, etc; o bien amplían la definición de los delitos que ya existían, como el de atentado contra la autoridad. También tendrá un efecto considerable la eliminación de las faltas, toda vez que algunas de esas conductas pasarán a ser consideradas delitos, endureciendo así el castigo de los comportamientos que regulan y que el resto, que pasarán a considerarse infracciones administrativas, tendrán un régimen menor de control judicial limitándose así los derechos de los sancionados.

Y es que precisamente la eliminación de las faltas viene a justificar la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, para incluir en un texto legal distinto aquellas conductas excluidas del Código Penal. Sin embargo, y aprovechando la obligatoriedad de esta modificación, el Ministerio del Interior ha decidido dos cosas muy importantes: incluir también conductas que antes no estaban sancionadas y que venían siendo usadas como forma de protesta o herramientas para denunciar la represión policial, y aumentar las sanciones de la mayor parte de las conductas.

El proyecto de modificación de la LSC se filtró a la prensa convenientemente la semana pasada: como siempre en estos casos el objetivo del Gobierno es lanzar un globo sonda para medir la respuesta que su aprobación causaría.

Y el revuelo ha sido notable, pero porque la propuesta de la Ley lo merece: las sanciones anunciadas por insultar a un Policía irán de 1.000 a 30.000 € y por realizar un escrache, grabar a policías durante su actuación si se considera que compromete su trabajo o realizar concentraciones frente al Congreso podrán alcanzar 600.000 €. Incluso se ha anunciado que podrá sancionarse algo que antes no era sancionable y que está protegido por la Constitución: participar en una concentración no comunicada. Además hay una diferencia de concepto crucial respecto de la estructura de la legislación vigente. Actualmente insultar a un policía se juzga en un juicio de faltas donde, con las debidas garantías procesales y ante un Juez, debe probarse que efectivamente ese insulto ha existido. De aprobarse las reformas, insultar a un policía se castigará por carta, mediante un procedimiento administrativo. La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo y el proceso será resuelto por la propia Administración, que será Juez y parte. Si se quiere acudir a un Juez para impugnar la decisión de la Administración habrá que pagar una tasa, gracias a la Ley que recientemente ha cumplido un año y que, junto con las dos recién mencionadas y que están modificándose, supone la precarización más grande del derecho de defensa desde 1978.

En definitiva, las reformas del Código Penal y de la LSC buscan sin complejos aumentar la represión contra la población y se dirigen especialmente a aquellos que participen en cualquier actividad con contenido de reivindicación política, ahondando además en el modelo de convalidación que ya usó en la Ley Sinde: si los jueces no te dan la razón lo único que te queda es cambiar las leyes. Pero prueba, por otro lado, que desde la ciudadanía se están haciendo las cosas bien, y que, como se suele decir en estos casos, el miedo quizá está cambiando de bando y es ahora el gobierno el que no encuentra respuesta en la Ley para criminalizar los nuevos modelos de protesta que lentamente lo van minando.

Por todo ello es urgente tomar conciencia de lo que pueden implicar estas reformas, no perder ocasión de paralizarlas y prepararnos para desobedecerlas si llegan a culminarse. Iniciativas como la plataforma "No Somos Delito" (www.nosomosdelito.net) ya están trabajando en ello. De todas esas luchas daremos cuenta en este blog, que inauguramos hoy con el objetivo que prometemos en el título: conquistar el derecho y hacerlo nuestro.

Eric Sanz de Bremond Arnaulf

Nacho Trillo

Buenos días, fascismo

Luis García Montero

Guardo dos sensaciones precisas del tiempo que me tocó vivir bajo la dictadura del caudillo, nuestro generalísimo Francisco Franco: el miedo a la Policía y el trato cotidiano con la mentira. Ya sé que la realidad española fue suavizándose conforme nos alejábamos de la sangría provocada por el golpe militar de 1936, pero en el aire de los años cincuenta, sesenta y setenta que yo respiré podía percibirse con facilidad el olor del miedo y de la mentira.

Los periódicos mentían tanto por lo que callaban como por lo que decían. La retórica sobre el imperio, la raza, la patria, la gloria que nos enseñaban en las clases de Formación del Espíritu Nacional no resistía las primeras miradas sobre el mundo. Un país pobre, menesteroso, humillado, sin ciencia, sin una economía sólida, sin cultura pública, sin repercusión internacional, sufría bajo las alas del águila. Más bien una gallina. Los colores de la bandera solo servían para ponerse rojos de vergüenza y amarillos de envidia cada vez que íbamos descubriendo lo que era la vida.

Los políticos mentían. Y no me refiero a las verdades a medias y las manipulaciones propias del electoralismo. Mentían de verdad y hasta el fondo, como yo de adolescente cuando me obligaban a confesar los curas del colegio. Éramos herederos de un Régimen basado en la instauración oficial de mentira. A Miguel Compins,  Comandante Militar de Granada, fueron a buscarlo los golpistas a su despacho, en donde estaba tan tranquilo cumpliendo órdenes del Gobierno y de la superioridad, y lo fusilaron por ayudar a la rebelión. No fue el único caso. El legal era el sublevado, en invierno hacía calor, en verano frío, los peces volaban por las nubes y los pájaros nadaban por las profundidades del mar si así lo afirmaba la autoridad.

Nadie, claro está, confundía la verdad oficial con la realidad. Eso creaba una separación tajante entre el Estado y la calle. Hoy somos herederos de esa división impuesta por la costumbre de mentir. Lo que empezó siendo la mentirijilla electoral en la España democrática desemboca hoy en el regreso a la desvergonzada mentira fascista. Rajoy  jura que no conocía las actividades corruptas de su tesorero más íntimo y no pasa nada. Ana Botella dice que la Reforma Laboral ha salvado los puestos de trabajo de los trabajadores de la limpieza en Madrid y no pasa nada. Se miente sobre la economía, el paro, la política internacional, la honradez de la familia real, y no pasa nada. Las instituciones –véase el poder judicial- son una mentira en funcionamiento. Ha vuelto a hacer calor en el mes de enero. La moda de las memorias políticas en nuestro país y la apertura de la Fundación Felipe González se deben  a que está vigente una veda infinita para las mentiras. Aquí el error propio es una enfermedad descatalogada en las conciencias.

También hemos vuelto al grito de “la calle es mía”. Lo lanzó Fraga Iribarne para recordarnos en 1976 la norma número uno de la dictadura a la que había servido. Respondiendo a su origen, el Gobierno del PP ha dado forma de ley al grito de Fraga.  En vez de respetar y solucionar los problemas graves de los ciudadanos, criminaliza sus protestas con multas desmedidas y con estrategias de impunidad para la represión. La ley hipotecaria nos deja sin casas, la ley mordaza sin calle, dos formas de desahucio. A la Policía española deberemos tratarla con miedo. Se acabó la confianza. Las Fuerzas de Seguridad tienen como enemigo al ciudadano. La patria produce otra vez extranjeros en su propio país. Atreverse a poner el pie fuera de la mayoría silenciosa es un acto de rebeldía intolerable. Exigir y practicar los derechos constitucionales puede convertirnos en cómplices de la sublevación.

Buenos días, fascismo. Los españoles volvemos a vivir en una realidad cotidiana fascista. Podemos discutir si se trata de prefascista,  posfascista, parafascista o cuasifascista, pero la evidencia es que nos hemos instalado en el cartón piedra de la mentira y en una plaza de armas que sólo pertenece a la autoridad. Entre nuestros derechos no está la calle. Convivir es obedecer bajo el absolutismo de unos diputadísimos y unos ministrísimos que son herederos del caudillo.

Podrán decirme que han llegado al Gobierno por las urnas. Llegar por las urnas al fascismo no es algo nuevo, ni resta gravedad, sobre todo cuando se incumplen los contratos electorales de forma desvergonzada. Podrán decirme que la gente volverá a votarlos. Eso no significará que dejen de ser fascistas, sino que el fascismo se ha instalado en los procedimientos democráticos. En una realidad fundada en la mentira, con una división tajante entre la España oficial y la España real, entre los mundos virtuales y la experiencia de carne y hueso, los votos pierden su vinculación con la calle y pasan a ser una parte más del videojuego de las supersticiones. Sin patrimonio legal democrático, podrá haber votos, pero no habrá democracia.

Ni soberanía popular, ni instituciones representativas, ni participación. Mentira y represión policial. Buenos días, fascismo.

Non ser cómplice!!

Fai uns corenta anos as mulleres casadas non podían firmar contratos nin abrir contas bancarias sen permiso do marido…

Hoxe 25N: A redución dun 28% do presuposto destinado á prevención e loita contra da violencia de xénero, un libro 'Cásate y sé sumisa' publicado polo Arcebispo de Granada, un ministro galeado por un xefe eclesiástico que pretende decidir cando e cómo da maternidade, son datos descritivos das prioridades á resposta ante a lacra que en 10 anos acabou coa vida de 703 mulleres e onde 16.418 atópanse en situación de risco baixo, medio, alto ou extremo, das que 118 son menores entre 14 e 17 anos…

...se isto non é violencia de xénero que baixe deus e o vexa!!

E se por riba da involución 'estructural' planificada retratan os avances con vellos esquemas de orden social... que podemos esperar?

De tódolos xeitos hai saída: Non ser cómplice!!

El Sergas capta a sanitarios para que recorten gasto a cambio de incentivos

SONIA VIZOSO

- Médicos y enfermeros formarán unidades que, bajo un mando a dedo, decidirán qué se compra. 

- El Gobierno central permite que estos departamentos sean privatizados.

A finales del pasado julio, con el país conmocionado por el descarrilamiento mortal del Alvia, en La Moncloa y en el Boletín Oficial del Estado se daban dos pasos cruciales para el futuro de la sanidad pública. El presidente Mariano Rajoy firmó esos días un pacto con organizaciones de profesionales sanitarios para impulsar las llamadas unidades de gestión clínica, unos departamentos que estarán integrados por médicos, enfermeros y administrativos voluntarios que se encargarán de reorganizar la asistencia sanitaria y recortar el gasto en hospitales y ambulatorios a cambio de incentivos salariales. Al mismo tiempo, el BOE recogía una sigilosa modificación normativa que permite que esos mismos trabajadores puedan dejar de ser funcionarios cuando esas unidades que decidirán cómo y en qué se gasta el dinero no sean 100% públicas y tomen la forma de fundaciones, consorcios o empresas sometidas a derecho privado. La Consellería de Sanidade se ha puesto manos a la obra para extender el modelo en Galicia prometiendo que estos departamentos nunca se privatizarán, mientras en sindicatos y colegios médicos cunde la alarma.

¿Debe un médico que decide si prescribe o no un caro tratamiento recibir pluses por reducir costes en su servicio? La Agrupación Médica de CIG-Saúde considera “deontológicamente inaceptable” que se liguen los incentivos de los profesionales del Sergas al ahorro en vez de a resultados relacionados con la salud de los pacientes. Al director de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Félix Rubial, sin embargo, ni se le pasa por la cabeza que un facultativo pueda verse condicionado por estos pluses. “Estoy convencido de que los médicos no tendrán esa tentación. Pongo la mano en el fuego por ellos”, afirma Rubial, quien subraya que para que se repartan los pluses salariales “se deberá alcanzar un mínimo muy exigente de calidad asistencial” que se medirá con encuestas a los pacientes y a los propios trabajadores.

El Sergas resta importancia a los incentivos que percibirá el personal de estas unidades por ahorrar y considera un “error” pensar que este es su principal objetivo. Rubial subraya que lo que pretende la Xunta es implantar una nueva manera de organizar los servicios asistenciales que aumente su calidad, mejorando la coordinación entre las especialidades médicas para “centrarse en el paciente” e implicando a los profesionales “en las decisiones de gasto” para que “se autorresponsabilicen”. “Nosotros defendemos la gestión clínica como implicación de los profesionales en la gestión de los recursos, preocupación por la eficacia, buena coordinación en la asistencia, etcétera”, replica el portavoz de la Agrupación Médica de CIG-Saúde, Francisco Vizoso. “¿Pero por qué el PP le llama así si solo quiere ahorrar costes? La gestión clínica está bien pero la tienen que aplicar los que creen en la sanidad pública”.

Vizoso ve detrás de este modelo de gestión clínica una artimaña de los responsables políticos del PP para endosar a los empleados del Sergas la responsabilidad de los recortes en la sanidad pública. A este temor se adhiere el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos, quien reclama que el cambio organizativo conlleve la supresión de cargos directivos en el Sergas, una medida, subraya, que sí proporcionaría un gran ahorro, pues el margen de reducción de gastos en hospitales y ambulatorios ya es hoy en día “corto”.

El ofrecimiento del Sergas a sus trabajadores para que se integren en estas unidades ha provocado un revuelo en los centros sanitarios gallegos. Los sindicatos están celebrando reuniones para alertar a los profesionales de que se trata de un caramelo envenenado que puede poner en peligro su estatus laboral. Sanidade está a punto de aprobar un decreto que regulará el funcionamiento de estas unidades de gestión clínica, un texto que establece que no tendrán “entidad jurídica propia” (es decir, no tomarán la forma de fundaciones, consorcios o empresas públicas) y que los médicos o enfermos que entren en ellos lo harán voluntariamente y no tendrán que dejar de ser funcionarios. Estas disposiciones despejan en principio los fantasmas de la privatización de las unidades, pero la consellería ya ha admitido que quizás tenga que modificar pronto la norma para adaptarse al futuro decreto del Ministerio de Sanidad sobre el mismo asunto. Y de ahí vienen los temores de los sindicatos. “Hay un riesgo, casi una certeza, de que estas áreas pasarán a tener entidad jurídica propia, creándose fundaciones o consorcios con una mínima participación del Sergas y el resto, capital privado. Y ahí solo tiene cabida el personal laboral”, explica el sindicato médico CESM-Galicia.

El Sergas asegura que, aunque los cambios normativos del Gobierno central permitan privatizar estas unidades, la Xunta no lo hará. “La normativa básica del Estado abre esa posibilidad, pero en Galicia no la contemplamos”, afirma el director de Asistencia Sanitaria, que esgrime como “elemento de tranquilidad” una resolución aprobada por el Parlamento gallego con los votos del PP para que estas unidades tengan una gestión 100% pública. Desde el Colegio de Médicos de Pontevedra desconfían: “La promesa no sirve. Este popurrí normativo no nos da garantías suficientes para estar tranquilos. Siempre tendremos la espada de Damocles encima”, advierte el presidente de la entidad.

La única experiencia que puede dar pistas sobre cómo funcionarán estas unidades se ha ensayado en el Servicio de Psiquiatría del hospital de Ferrol donde Sanidade ha desarrollado un proyecto piloto. En este caso se otorgó un enorme poder a los directores, unos cargos de libre designación que, como recoge el borrador de decreto de Sanidade, “podrán ser cesados discrecionalmente”. Serán ellos quienes propondrán la “contratación de bienes y servicios”, supervisarán todas las peticiones de material y controlarán la política de personal (a quién se contrata, quién disfruta de un permiso o quién es sustituido). “El director es el que ejerce la labor de liderazgo”, justifica Félix Rubial. El Colegio de Médicos de Pontevedra reclama que este mando no sea elegido a dedo sino por un concurso de méritos y alerta de los conflictos que se crearán cuando esta figura no coincida con la del jefe de servicio.

En Psiquiatría de Ferrol el 30% del ahorro se destina a dos tipos de incentivos: un 80% a pluses salariales y el resto a inversiones y equipamiento de la propia unidad. Fuentes conocedoras de la experiencia afirman que la principal fuente de reducción de gasto son los recortes en la sustitución de personal. El Sergas, por su parte, destaca que se redujeron las hospitalizaciones y se aumentó la “calidad de las prescripciones” con más genéricos y menos variaciones entre los tratamientos recetados por los facultativos.

El próximo servicio que comenzará a funcionar como una unidad de gestión clínica es el Área de Cáncer del hospital de Ourense, en la que está a punto de firmarse el acuerdo de funcionamiento. Debido a la polémica que ha provocado el proyecto, el Sergas ha decidido implantar estas áreas solo en ambulatorios o servicios hospitalarios en los que la propuesta sea recibida por los trabajadores con “convencimiento”. “Tenemos que ser selectivos porque este proyecto necesita liderazgo, vocación y voluntariedad”, esgrime el responsable de Asistencia Sanitaria. “La gente que se adhiera tiene debe estar plenamente convencida de dar el paso”.

MÁS INFORMACIÓN
Un lobby para “empresarizar” la sanidad

Ángeles Maestro: "Si las empresas consiguen que el médico colabore en la reducción del gasto, el negocio está garantizado"

Ángeles Maestro é Médica e Técnica superior de Salud Pública. Forma parte de Red Roja e pertence a plataformas contra a privatización da sanidade como Casmadrid e Matusalén. É colaboradora de varios medios de contrainformación, entre os que destacan Insurgente, La Haine, Kaosenlared, Rebelión e El Otro País.

Pero sobre todo, Ángeles, é unha grande activista, capaz de pecharse nun centro sanitario xunto a outras compañeiras/os para defender o peche do mesmo, así como plantarse diante dunha manifestación para defender a Sanidade Pública. Grazas o seu traballo como técnica e médica á vez, ides a descubrir varias atrocidades que se cometen contra o público.

Atentas e atentos porqué veñen curvas, estamos seguros que esta entrevista non vos deixará indiferentes e a rabia e indignación están aseguradas.

  

Ángeles Maestro: "Si las empresas consiguen que el médico colabore en la reducción del gasto, el negocio está garantizado" dende La Entrevista del Mes en Vimeo.

La trampa de la Gestión Clínica

Por Pablo Vaamonde 

Médico de familia

La sanidad gallega está siendo descapitalizada: perdió 370 millones de euros del presupuesto desde 2009, cuando el PP ocupó el poder.

La consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera.

En los últimos días de julio, con la oposición desactivada y la mayoría de los profesionales aguardando las necesarias vacaciones, el gobierno publicó en el BOE la Ley 10/2013. Se trata de una norma aparentemente inocua sobre cuestiones de farmacovigilancia. Pero, después de muchas páginas, aparece una disposición final quinta que hace referencia a un asunto de mayor calado: posibilita la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC) con un régimen laboral distinto al estatutario de los trabajadores de la sanidad pública. Abre la puerta a la laboralización del personal sanitario que se integre en dichas unidades, con la pérdida de los derechos laborales que hoy tienen.

Esta maniobra tramposa no es nueva. El PP ha usado esta estrategia falaz y vergonzosa en otras ocasiones: introducen una disposición de gran trascendencia en una ley de escasa relevancia para burlar la vigilancia de sindicatos y oposición. En este caso la trampa fue descubierta por el sindicato CESM, que se opuso a la norma desde el primer momento. Si llegara a aplicarse supondría un grave revés para los trabajadores y para la sanidad: favorecería la entrada de gestores privados como responsables de esas unidades dentro de los hospitales, creando microempresas que competirían entre ellas por la concesión pública.

La gestión clínica es otra cosa (potenciacion de la atención por procesos, continuidad asistencial, implicación de los profesionales en la mejora de la calidad, corresponsabilidad en la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos etc) y no tiene nada que ver con la introducción de intereses empresariales ajenos en el núcleo de los hospitales públicos ni con la supresión del régimen estatutario que hoy ampara a los sanitarios. El llamado "Foro de la Profesión Médica", integrado por organizaciones afines al PP, apoya esta estrategia que abre espacios de negocio a las empresas privadas y al numeroso ejército de gestores que viven de los presupuestos públicos -con una relacion parasitaria escasamente denunciada-, pero perjudicaría a los trabajadores y a los usuarios de la sanidad que verían encarecidas y limitadas las prestaciones con la introducción de criterios de rentabilidad y beneficio económico. Porque, en último extremo, las empresas privadas tienen una obligación final única: repartir beneficios entre sus socios.

En el Parlamento Gallego acaban de aprobar una propuesta del PP que facilita la creacion de AGC en nuestros hospitales. Tuvo el incongruente apoyo de BNG y AGE, que aceptaron, o así parece, la afirmación de Miguel Santalices, portavoz de Sanidad del PP, quien afirmó que "en asistencia sanitaria la comunidad autónoma es soberana y el decreto nacional no es vinculante". Pero no es así: los juristas afirman que una ley estatal prevalece sobre una autonómica. Así lo afirma también el PP que dice verse en la obligación de introducir el copago de los fármacos de dispensación hospitalaria para enfermos crónicos, por no poder eludir el mandato de la norma aprobada en Madrid.

En una estrategia de propaganda encadenada la consejera Rocío Mosquera acaba de comparecer ante la prensa con los consejeros de Madrid y Valencia (compañeros de viaje que tienen sus comunidades en la ruina y a los profesionales en pie de guerra contra de sus imposiciones políticas). Afirmó con rotundidad que el actual sistema sanitario ya no sirve y que hay que cambiar el sistema retributivo de los profesionales del Sergas, eliminando el salario fijo para introducir criterios de implicación en el trabajo y objetivos cumplidos. También afirmó que "no nos queda otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada". Estas afirmaciones representan una absoluta falta de respeto para los profesionales de la sanidad que -a pesar de las reducciones salariales y la precarización laboral-, están ejerciendo su cometido con la máxima profesionalidad con la intención de frenar el deterioro de los servicios sanitarios. Se trata de una nueva campaña de desprestigio de lo público para introducir la gestión privada en los centros sanitarios. Ya hemos visto los catastróficos resultados que obtuvieron en Madrid y Valencia, pero siguen por el camino trazado a pesar de todas las evidencias.

La sanidad gallega está siendo descapitalizada: perdió 370 millones de euros del presupuesto desde 2009, cuando el PP ocupó el poder. Las consecuencias comienzan a ser visibles: cierre de camas y servicios como nunca se había hecho, paralización del trabajo de tarde, amortización de plazas, precarización de las condiciones laborales, fuga de profesionales sanitarios etc. Ante esta realidad, que irá a peor con estas políticas, la consejera lo tiene claro: va a fomentar el "autocuidado" de los propios pacientes e impulsar la telemedicina, porque "la accesibilidad no se mide solo por la proximidad y es posible otra forma de prestar asistencia". Para eso va a promover la atención telefónica. Parece un sarcarmo, pero estas palabras fueron pronunciadas por Rocío Mosquera en sede parlamentaria en su última comparecencia. También anunció que van a permitir el acceso de los hospitales privados y de los geriátricos a las historias clínicas informáticas del Sergas. Esta decisión puede ser ilegal (permite el acceso privado a datos muy confidenciales que el Sergas debe tutelar): algo tendrá que decir la Agencia de Protección de Datos, tan rigurosa en otras materias.

Ante este panorama, ciertamente desalentador, hecho de menos una mayor reacción social, politica y sindical. ¿Que más tiene que hacer el actual gobierno para que haya una actuación ciudadana y sindical unitaria y potente que frene estas actuaciones de destrucción de servicios públicos desde las mismas entrañas del poder?

Blog Paco Vahamonde:
http://pablovaamonde.blogspot.com.es/
http://pablovaamonde.blogspot.com.es/2013/10/a-trampa-da-xestion-clinica.html

Quino

Quen nos protexe dos cazadores?

Marcos Pérez pena

A caza provoca cada ano máis mortos que os accidentes de tráfico en Galicia. Así o denuncia a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), e así é en termos relativos. En 2012 ao redor de 120 persoas perderon a vida nas estradas galegas, e faleceron dúas persoas (en Vila de Cruces e Vilalba) por disparos relacionados coa caza, un número de vítimas moi semellante ao que se vén rexistrando nos últimos anos. Porén, se se ten en conta o número de permisos de conducir (1.800.000) e de caza (50.000) e que esta actividade só está autorizada xoves, domingos e festivos entre o 20 de outubro e o 6 de xaneiro, a cifra de mortos resulta moi elevada. Neste 2013 xa se rexistraron dúas vítimas mortais, en Rubiá e Ribas de Miño.

Neste 2013 xa se rexistraron dúas vítimas mortais, en Rubiá e Ribas de Miño

Alén destes sucesos, a entidade ambientalista denuncia que esta actividade, cunha serie de perigos inherentes polo uso de armas de fogo, incrementa a súa perigosidade por mor das malas prácticas ou da ausencia de control e de medidas de seguridade, tanto para protexer os cazadores como a persoas alleas.

A entidade pide que o Goberno galego "non autorice a realización de batidas con munición de bala os días de maior afluencia de cidadáns aos montes: festivos e fins de semana"

A SGHN sinala que "resulta de todo punto incomprensible que non se obrigue a sinalizar a realización de actividades moito máis perigosas como as batidas con munición de bala en todolos camiños, pistas e estradas de acceso á zona onde se está levando a cabo". Ademais de solicitarlle á Xunta a correcta sinalización desta actividade, a entidade pide que o Goberno galego "non autorice a realización de batidas con munición de bala os días de maior afluencia de cidadáns aos montes: festivos e fins de semana".

Critica que os lugares onde se realizan batidas de caza maior empregando munición de bala "non están en absoluto sinalizados" e "calquera cidadán pódese poñer en liña de fogo inadvertidamente". E salienta o paradoxeo de que en moitas probas deportivas, por exemplo, carreiras pedestres ou ciclistas, rallies..., "é habitual o despliegue de medidas de seguridade como anuncios en medios de comunicación, valados, sinais, corte da circulación en rúas e estradas e presenza de protección civil, policía local ou garda civil".

De igual xeito, demanda que se "comece a realizar de inmediato controis de alcoolemia e sustancias psicotrópicas entre todos os cazadores". Xa en marzo a entidade dirixira unha serie de preguntas á Xunta e á Garda Civil pedindo información "sobre o número e os resultados dos controis efectuados a cazadores para comprobar os niveis de alcoolemia e consumo de estupefacientes ou substancias psicotrópicas" así como se cumprían “os requisitos esixidos” e dispoñían dos “oportunos permisos”.

De igual xeito, demanda que se "comece a realizar de inmediato controis de alcoolemia e sustancias psicotrópicas entre todos os cazadores"

Segundo os datos recibidos da Garda Civil a porcentaxe de infractores da Lei de Caza "é moi elevada", xa que presentou denuncias contra 1 de cada 5 persoas identificadas, case dúas mil persoas dun total de dez mil, pero non indica nada respecto aos controis de alcoolemia e sustancias psicotrópicas. Segundo a Dirección Xeral de Conservación da Natureza os controis de alcoolemia a cazadores "non se empezaron a levar a cabo porque aínda non se ten desenvolvida a normativa regulamentaria correspondente". A SGHN preguntábase se "admitiría a sociedade que a Garda Civil de Tráfico non perseguese aos conductores bébedos ou drogados? Resultaría acaso menos perigosa unha persoa nesas condicións armada cunha escopeta ou un rifle?".

A sanidade pública galega fará folga xeral o 9 e 10 de decembro contra o repago e os recortes

Marcos Pérez Pena

A sanidade pública galega vivirá os vindeiros 9 e 10 de decembro dúas xornadas de folga que se prevén masivas. Hai unhas semanas os sindicatos médicos CESM-Galicia e Omega convocaron o paro, e este luns CIG e CC.OO. anunciarán nunha rolda de prensa o seu apoio. Os recortes orzamentarios, o copago, a redución de persoal, a non reposición de xubilacións ou as externalizacións e privatizacións de servizos están entre as causas da convocatoria, que afectará a todos os servizos e ámbitos e a todo o país. 

Hai unhas semanas os sindicatos médicos CESM-Galicia e Omega convocaron o paro, e agora CIG e CC.OO. anuncian nunha rolda de prensa o seu apoio

A folga chegará despois de meses de denuncias e mobilizacións, como a que este domingo protestará en Compostela contra o repago, convocada pola Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade Pública. A decisión de aplicar o repago de medicamentos "supón o traspaso dunha liña vermella, onde a Sanidade deixa de ser pública, universal e gratuíta, discriminando aos usuarios/as do sistema en función dos seus recursos, gravando aínda máis aos doentes crónicos e rompendo coa equidade do sistema",en palabras dos seus convocantes.

O pasado 7 de outubro os sindicatos médicos CESM-Galicia e Omega convocaron este paro de dous días como "último recurso ante a nefasta política sanitaria da Xunta". Na convocatoria destacábanse os "recortes en medios humanos" que "repercuten negativamente na asistencia sanitaria", tanto en centros de saúde como hospitais. Tamén sinalaban como problema a taxa de reposición imposta polo Goberno e a aplicación de contratos en precario. De igual xeito, esixían a "inmediata paralización" do repago de medicamentos, que consideraban "un atentado contra o dereito á vida dos enfermos" e "unha ofensa á ética profesional" dos médicos.

Meses de protestas

CIG e CCOO enumerarán este luns os motivos, moitos e diversos, que dende hai meses veñen alimentando esta convocatoria de folga. Algúns afectan a cuestións máis corporativas e outros a elementos máis visibles para a sociedade, algúns supoñen quebrantos inmediatos para pacientes e profesionais e outros afectan máis a medio e longo prazo. Pero todas, en maior ou menor medida, atacan en opinión das centrais sindicais convocantes á calidade da sanidade pública.

CIG e CCOO enumerarán os motivos. Todos, en maior ou menor medida, atacan en opinión das centrais sindicais convocantes á calidade da sanidade pública

Sen dúbida, o repago de medicamentos e outros servizos médicos é o elemento que maior alarma provocou na sociedade, e que fixo reaccionar a colectivos de todo tipo, e tamén a institucións, principalmente concellos, en todo o país. Pero non é o único elemento de protesta. Foron varios os momentos en que sindicatos e partidos da oposición sinalaron os intentos da Xunta de externalizar e privatizar certos servizos que até agora veu realizando o sistema público de saúde. Recentemente, CIG-Saúde alertou dos problemas provocados por estas externalizacións. De igual xeito, existe unha gran preocupación polo custoso concurso que en breve externalizará as necesidades tecnolóxicas do SERGAS, deixando en mans privadas un elemento fundamental e moi caro do servizo.

Tamén a nivel da xestión de persoal hai críticas, motivadas pola non reposición das xubilacións, o peche de camas, a eliminacións de substitucións e a fin do Plan de Mellora da Atención Primaria, "un ERE encuberto", en palabras dos sindicatos. De feito, no ano 2012-13 xubiláronse no Sergas 2.330 persoas en todas as súas áreas de actividade, pero por mor da limitación establecida polo Goberno central só se poden cubrir con novas contratacións un 10% destas prazas.

E hai moitos máis motivos que queixa e crítica, que a bo seguro estarán presentes na mobilización de decembro. Dende o gasto que o SERGAS dedica a a sufragar o persoal relixioso dos hospitais (660 mil euros ao longo de 2013), a proliferación de centros de orientación familiar "clericais", os proxectos piloto en atención sanitaria non presencial, "outro fenómeno de recorte que pretende aforrar persoal que fará minguar a calidade da atención, segundo SOS Sanidade Pública", ou os problemas derivados do proxecto de construción do novo hospital de Vigo; e, por suposto, a Lei de Garantías, que abre a porta a un "cambio de modelo" no que as empresas de capital privado son equiparadas aos centros sanitarios públicos, e pola que poderán recibir pacientes da pública.

Las unidades de gestión clínica al servicio de la privatización sanitaria

Manuel Martín García

Médico y Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

El Gobierno tiene problemas para continuar con la estrategia que ha seguido hasta ahora de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, debido a la presión en contra de:

- Las movilizaciones ciudadanas y profesionales que se oponen al deterioro del sistema sanitario público

- Los problemas económicos asociados a la financiación mediante la colaboración privada

- Las resoluciones judiciales, que han paralizado la adjudicación de hospitales a empresas multinacionales y a fondos de inversión.

En esta situación, el Gobierno pretende resolver el momento de parálisis mediante una estrategia fundamentada en la Creación de Unidades de Gestión Clínica, pero desvirtuando la naturaleza integradora y racionalizadora de las mismas[1]. Su intención es fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas dotadas de entidad jurídica propia (lo que les confiere autonomía para administrar su personal y su presupuesto), gestionadas mediante las diferentes fórmulas empresariales de la Ley 15/1997 y con capacidad para apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros Sanitarios. Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado interno dentro del sistema sanitario. Se daría entrada al sector privado (farmaindustria, multinacionales sanitarias, fondos de capital-riesgo, etc...) a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes y/o de mejor relación coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos financiados con fondos públicos.

Por otro lado esta estrategia pretende también pasar la responsabilidad de la prestación sanitaria a una maraña de empresas interpuestas que en época de recortes gestionaran la escasez y servirán de dique para las protestas.

En suma bajo la apariencia de un termino que parece inofensivo, se pretende introducir Este concepto es de manera  encubierta, una empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud, que pretende convertirlos en empresas "autónomas",- lo que nuevamente suena muy bien-  abiertas al capital empresarial personal, rompiendo la unidad de los centros, introduciendo el mercado, los beneficios, los incentivos económicos puros y duros, y la precariedad laboral  de los profesionales derivada de la laboralización y renuncia al estatuto vigente, entre otras muy perversas consecuencias. Estamos realmente ante lo que se podría llamar un proyecto de “Gestión Clínica SA”.

Para alcanzar estos objetivos el Ministerio de Sanidad ha adoptado dos medidas:

1. De manera oculta y solapada, aprovechando la elaboración de la Ley 10/2013 destinada a regular temas relacionados con la farmacovigilancia, ha introducido en sudisposición final quinta la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC), con su personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas. Esta medida elimina el régimen estatutario de los trabajadores de la sanidad pública, que perderán estabilidad y derechos laborales y quedarán sometidos al control empresarial de gerentes y responsables de las unidades clínicas.

2. El Gobierno ha firmado un acuerdo con el denominado Foro de la Profesión[2], formado por algunas organizaciones conservadoras muy alejadas de la gran mayoría de los colectivos sanitarios y sindicales que, a cambio de algunas prebendas, han dado su apoyo a la laboralización del personal de las Unidades de Gestión Clínica, lo que supone un respaldo a la política privatizadora del gobierno y divide al colectivo sanitario.

Consecuencias previsibles:

1. Desregulación y privatización del sistema sanitario, que se fragmentará en múltiples empresas, en las que entraría el capital privado y de grupos empresariales, que podrán influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en la política sanitaria y en los procesos y procedimientos asistenciales más interesantes económicamente.

2. Las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a las políticas empresariales. La laboralización del personal otorgará un gran poder de control a las gerencias para influir en la libertad de decisión que hasta ahora garantiza el carácter estatutario del personal.

3. Pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios, que para integrarse en las Unidades de Gestión Clínica deberán renunciar a las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión). Los que no lo hagan quedarán marginados dentro de los centros, sin acceso a las innovaciones y nuevos recursos.

4. Desaparición del modelo actual de Atención Primaria, cuya actividad quedará sometida a los intereses empresariales de la nuevas unidades, con la función de realizar el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad (selección adversa).

5. Aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas (gestión del personal, facturación de servicios, etc.). Además, el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.

6. Pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios de la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para las nuevas Unidades Clínicas (selección de riesgos), las cuales podrán apropiarse de los beneficios económicos que generen.

Quienes ganan:

Empresarios, laboratorios, fondos de inversión, aseguradoras, consultoras, profesionales con capacidad de influencia, personajes vinculados a la actual administración que participen en la llamada puerta giratoria, el clan de gestores interesados en ampliar el modelo empresarial y la burocracia .

Quienes pierden:

Los ciudadanos, dado que la atención sanitaria quedará sometida a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión; profesionales y trabajadores sanitarios, que perderán estabilidad, seguridad y libertad de decisión; el sistema sanitario público, que además de fraccionado, será ingobernable, más costoso y provocará más desigualdad; la Atención Primaria, que en un contexto de debilidad, quedará relegada a portera de las Unidades de Gestión para seleccionar pacientes y procesos.

¿Que hacer para frenar este proyecto?

1. Crear un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales. Una buena manera es colaborar firmando esta petición

2. Articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.

3. Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.

4. Convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica

En ello estamos, y aunque somos conscientes de los problemas y dificultades que tiene enfrentarse a esta estrategia, como en su día lo tuvo el denunciar las primeras medidas de desregulación, empresarización y privatización del sistema sanitario, es muy importante hacerlo antes de que logre sus propósitos, que no son otros que convertir la atención sanitaria en un negocio a costa de la salud de la mayoría de la población

[1] La Gestión Clínica se entendida hasta ahora cómo “ la coordinación e integración de los recursos que intervienen en los procesos asistenciales y la incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de la práctica clínica, que permitiría una mejor y racional utilización de recursos

[2] “se promoverá un marco jurídico específico del profesional médico en el Sistema Nacional de Salud y un modelo retributivo voluntario vinculado a la gestión clínica que favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público”. El acuerdo vincula estos cambios a la Creación de Unidades de Gestión Clínica. Como consecuencia el personal integrado de estas unidades no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco y deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que las Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia, acogidas al modelo empresarial