El 18 de marzo se cumplen dos años de la firma de un "acuerdo" entre la Unión Europea y Turquía para evitar que miles de refugiados alcanzaran las costas europeas.
GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ
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Tiendas en la playa de Suda, en la Isla de Quíos (Grecia). JOAN MAS
Hace ya dos años, el 18 de marzo de 2016, la Unión Europea firmaba con Turquía un acuerdo para “resolver” el problema de los refugiados que trataban de llegar desesperadamente, en su mayoría desde Siria, hasta las costas griegas a través de Turquía. Pero la solución ideada por Europa no contemplaba la creación de vías seguras para estas personas que garantizara el derecho de asilo contemplado por la legislación internacional y europea, sino más bien el freno del “flujo” de refugiados en un país tercero para que no llegara hasta las costas europeas. Si el problema no se ve, no hay problema, parece ser la postura europea.
Tan solo un mes después de la firma, el conocido como “acuerdo de la vergüenza”, denunciado por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos a nivel internacional, bajó el número de llegadas a las costas griegas de 1.740 al día a 47. En 2015, el 84% de los refugiados que llegaron a Europa, 851.000, lo hicieron por Grecia. Un año después, el número de llegadas por esta ruta fue de 180.000 personas. Sin embargo, este mismo año el número de muertes en el Mediterráneo, contando esta y otras rutas, aumentaba un 38% con respecto a 2015.
Turquía se convertía en un nuevo guardián de las fronteras europeas a cambio de 6.000 millones de euros en “ayuda para la acogida”, de los que 3.000 fueron entregados en 2017 y otros 3.000 se entregarán este año, y a cambio también de la liberalización de los visados europeos para los ciudadanos turcos. La UE se comprometía a un trueque de refugiados con Turquía: esta readmitiría a todos los refugiados llegados irregularmente a Grecia, mientras que los Estados europeos se comprometían a reubicar a un refugiado sirio procedente de Turquía por cada sirio retornado a ese país.
Previo al acuerdo, la autoproclamada “Europa de los derechos y las libertades” creaba un estado de alarma social por el “tsunami” de refugiados que llegaban a las costas europeas -sin contar los que murieron sin alcanzarlas-, poco más de un millón de personas en 2015. Mientras en los despachos de la UE se difundía que todo un continente era incapaz de gestionar tal llegada de personas, se silenciaba que minúsculos países como Líbano acogían ya a un millón de sirios o Jordania a cerca de 700.000, mientras que Turquía ya había recibido a casi tres millones. Así, en 2015 se establecía un sistema de cuotas de reparto de 160.000 refugiados entre todos los Estados miembro que ha sido sistemáticamente incumplido por todos los países, hasta el punto de que, dos años después, un país de 48 millones de personas como España solo ha acogido a 1.900 de las 16.000 personas a las que se comprometió.
UN ACUERDO “INFORMAL” CON EFECTOS REALES
Poco después, el 18 de marzo de 2016, con entrada en vigor dos días después, llegó el acuerdo, que, en realidad, recuerda Belén Garcés, investigadora de CIDOB experta en migraciones, no es un acuerdo, sino un “acuerdo informal, por lo que los tribunales europeos no se consideran competentes para evaluarlo, lo que nos deja la paradoja de que se impone de manera implacable sobre los refugiados, pero jurídicamente es inevaluable”. Y tampoco es un acuerdo entre la UE y Turquía, dice Toni Borrell, portavoz de la plataforma Stop Mare Mortum, sino que “los tribunales europeos dicen que es un pacto entre Estados, un pacto que se plasma en una nota de prensa. No se basa en textos jurídicos que se puedan llevar a tribunales, sino que es una nota de prensa sin valor jurídico que marca políticas públicas”.UN CAMPO DE DETENCIÓN A CIELO ABIERTO
Ya en los meses previos al acuerdo, las fronteras empezaron a cerrarse a cal y canto. Primero, Turquía blindó su frontera sur con Siria. Segundo, se cerró la ruta de los balcanes: Eslovenia, Serbia, Croacia, Macedonia cerraron y militarizaron sus fronteras. Las fuerzas de seguridad ejecutaban expulsiones masivas y violentas en distintas fronteras. El paso hacia el norte desde Grecia se bloqueó...
Una vez firmado el acuerdo, también se cerraron las islas griegas, y así permanecen. Quienes han logrado llegar a las islas desde entonces “quedan atrapados en ellas, no se los lleva hacia el continente”, dice Garcés. Al principio, los campos de refugiados se convirtieron en campos de detención; luego, masificados y con unas condiciones de vida deplorables, se vieron obligados a abrirlos, pero “las propias islas se convirtieron en campos de detención a cielo abierto”.
Y es que aunque no está escrito en ningún sitio, dice Garcés, quienes llegaron después del acuerdo “no eran susceptibles de ser reubicados, es decir, no pudieron entrar dentro de las cuotas de reubicación desde Grecia hacia otros Estados miembro, por lo que se veían obligados a pedir asilo en Grecia, cuando el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado Grecia como un país que no cumple con los mínimos estándares de recepción y acogida de refugiados”.
Por un lado se produce una “externalización del control migratorio hacia Turquía, a semejanza de lo que ya hace España con Marruecos, y por otro se convierte a Grecia en el patio trasero europeo y en un espacio de excepción”, continúa Garcés.
LA TRAMPA DE TURQUÍA COMO PAÍS SEGURO
Una de las claves que han permitido justificar el acuerdo es la de considerar a Turquía “tercer país seguro”, es decir, un país externo a la Unión Europea en el que se respeten la Convención de Ginebra y los derechos humanos y que, por tanto, puede ser considerado un país de acogida.
La UE no dispone de un listado de “terceros países seguros”, pero considera a Turquía como tal, algo muy dudoso, por no decir falso, indican desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y ello, entre otras cosas, porque Turquía no considera refugiados a solicitantes de asilo no europeos. Y tampoco respeta el principio de no devolución. Según informes de diversas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, Turquía deporta masivamente a refugiados, incluidos sirios, a los que envía de vuelta a su país en guerra.
El pasado 8 de febrero, en plena campaña militar turca contra el cantón kurdo de Afrín, en el norte de Siria, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaraba que “no estamos en posición de esconder a 3,5 millones [de refugiados] aquí para siempre” y dijo que quiere “asegurar que volverán a su hogar”. Poco se sabe, también, de los poco más de 2.000 refugiados, la mayoría de ellos paquistaníes, argelinos o afganos, que han sido deportados a Turquía hasta ahora en virtud del acuerdo, pero, al no ser considerados refugiados, muchos pueden haber sido deportados a sus países.
Además, también se han denunciado torturas y malos tratos a solicitantes de asilo en centros de detención y en centros de deportación, además de malas condiciones de vida en los campos.
“Se está subcontratando un Estado conocido por la violación de derechos humanos, por su restricción del derecho a la prensa, por sus ataques contra las minorías kurdas…”, dice Borrell. De hecho, “una de las razones por las que se ha deportado a pocos refugiados a Turquía es porque la mayoría de los tribunales griegos, al menos hasta hace un año, prohibían la devolución porque consideraban Turquía país no seguro, así es que la mayoría de las devoluciones se pararon”, dice Garcés. Así, entre marzo de 2016 y diciembre de 2017, 2.125 refugiados han sido enviados de vuelta a Turquía después de haber sobrevivido al periplo por mar hasta las islas griegas.
UN MAL PRECEDENTE
“El mercadeo de personas hay que llamarlo por su nombre. No se está comupliendo con el derecho a la protección internacional, sea con el pacto UE-Turquía o con los pactos bilaterales”, dice Borrell. De hecho, este pacto vulnera varias leyes internacionales y europeas en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que contemplan el derecho de asilo y prohíben las expulsiones de refugiados.
Este pacto es también “un precedente de vulneración porque habla específicamente de personas refugiadas, y puede ser un patrón para hacer otros pactos, como el que se está negociando con Libia, donde está claro que se vulneran los derechos humanos”, añade este activista, que concluye que la externalización de fronteras se aplica a varios niveles: “El primero es que no lleguen a salir de su país; el segundo, que si salen, no consigan llegar, es decir, se alienta las muertes en el Mediterráneo; y el tercero, que una vez aquí, se crean espacios de exclusión de derechos, desde las islas griegas y los centros de detención hasta los CIE en el Estado español, y también se les excluye del derecho al trabajo, se les aboca a la economía sumergida…”.
Mientras tanto, la creación de vías seguras de llegada sigue sin estar presente en las agendas europeas.
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